Lejos de serenar los ánimos, la decisión del Tribunal Supremo de instar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a completar la investigación del “caso Dina” ha enconado aún más las disputas procesales entre la defensa de Dina Bousselham, la exasesora de Pablo Iglesias, y el instructor. Bousselham, a quien en noviembre de 2015 sustrajeron el móvil -que incluía conversaciones con dirigentes de Podemos que en julio de 2016 fueron publicadas por Okdiario-, ha insistido en un escrito remitido al magistrado por su defensa en exculpar al actual vicepresidente del Gobierno de la comisión de delito de daños informáticos por la destrucción de la tarjeta SIM de su móvil, que Iglesias tuvo en su poder seis meses (tras recibira de dos periodistas de Interviu en enero de 2016) antes de entregársela a Bousselham supuestamente dañada. E incluso pide al instructor que la cite a declarar de nuevo para dejárselo claro.

En el recurso interpuesto contra la decisión de García Castellón de instar a la Policía Científica que aclare “si es técnicamente posible el acceso a la información” contenido en esa tarjeta SIM, la defensa de Bousselham no ahorra esfuerzos para intentar dejar a salvo al líder de Podemos de cualquier sospecha. Y es que según la letrada Marta Flor la investigación indica “con claridad que la tarjeta no fue dañada” por ninguna de las víctimas o investigados, “sino por la empresa de recuperación de datos” a la que la propia exasesora morada la envió para intentar recuperar su contenido.

Pese a lo cual, se queja, el instructor “no cesa en su empeño de inculpar” tanto a Bousselham como a Iglesias, “cuando son las víctimas perjudicadas” -recalca- “de las actuaciones ilícitas que presuntamente habría realizado” Villarejo en relación al descubrimiento, revelación y difusión a los medios de comunicación del material contenido en el terminal, una versión que no se cree García Castellón.

Insiste en que no ha denunciado al líder de Podemos

Bousselham insiste en que “no ha interpuesto querella, ni denuncia, ni ha instado acciones” contra Iglesias, “aceptando el hecho” de que el actual vicepresidente accediera a su contenido antes de devolverle la tarjeta “dada la confianza existente entre ambos” y puesto que, esgrime, “gran parte” de su contenido “procedía de su trabajo en la organización”.

El móvil, refiere su abogada, contenía “fotografías e información personal e incluso bancaria, del propio señor Iglesias” y aunque el teléfono no era propiedad del partido, ni le fue asignado por la formación -añade- “lo cierto es que se usaba indistintamente” tanto para su labor profesional “como en el ámbito personal”.

La exasesora de Podemos justifica por tanto que Iglesias tardara seis meses en entregarle el dispositivo tras tener acceso a su contenido y pone en valor “la amistad que, más allá de la relación laboral o política”, mantiene con el vicepresidente, por lo que afirma que “entendió, sin pedir explicación alguna al respecto, que aquel guardase la tarjeta hasta su entrega”.

De ahí que según asegura su abogada entendiese que la entrega de la tarjeta “no se efectuara de forma inmediata, dada la confidencialidad en la que fue recibida” por parte de los periodistas de Interviú, también investigados, “y habida cuenta de sus obligaciones públicas y electorales en aquellas fechas”. Y en esa línea exculpatoria, recalca que Iglesias se le dio “de forma voluntaria” una vez se había publicado su contenido en los medios de comunicación y “si bien pudo acceder a su contenido una primera vez, posteriormente la tarjeta no le funcionaba”.

“Interés desmedido” en imputar a Iglesias

Las críticas a la actuación del juez García Castellón son constantes, pues llega a calificar de “absolutamente impertinentes e inútiles” todos los “esfuerzos” del instructor “a fin de imputar la comisión de delitos a las víctimas”, reprochándole incluso que elevase una “injustificada” exposición razonada al Tribunal Supremo “contra las personas perjudicadas en el proceso y que están protegidas por el Estatuto de la víctima” (el magistrado había retirado a Iglesias la condición de perjudicado al advertir indicios de que fue él quien destruyó la tarjeta).

Pero la hipótesis de la defensa de Bousselham va por otro lado y pone el acento en el hecho de que, entre el robo del móvil y la publicación de su contenido en los medios (incluida la conversación en la que Iglesias asegura que azotaría a la periodista Mariló Montero “hasta que sangrara”), e incluso con anterioridad, “ya existía y era notoria una investigación de carácter policial o “parapolicial” sobre la presunta financiación ilegal de Podemos”, al igual que otra sobre Iglesias.

Ése fue el motivo, argumenta remitiéndose a la versión de Villarejo, por la que el entonces comisario “entregó a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) el pendrive que le entregan a él los periodistas investigados”. Por este motivo, se queja de que García Castellón no haya investigado “la posibilidad de que la DAO tenía la información que contenía el teléfono de mi representada a pocos días del robo”.

“En vez de acordar diligencias dirigidas a esclarecer la participación de los investigados en los hechos delictivos -continúa la retahíla de reproches- existe un interés desmedido y no disimulado de atribuir un delito de daños informáticos a una de las víctimas del proceso” (en referencia a Iglesias) “frente a la que no se ha ejercitado ninguna acción, desoyendo lo que el Tribunal Supremo ha indicado”.

Campaña de las cloacas contra Podemos

En su recurso, cuestiona la decisión de García Castellón del pasado día 5 de requerir a la Sección de Ingeniería e Informática de la Policía Científica para que informe si “es técnicamente posible el acceso a la información contenida en la tarjeta” de Boussselham, con la que la exasesora de Iglesias entiende que está “apartándose nuevamente la investigación de una presunta organización criminal” orquestada por las cloacas del Estado que habría difundido los contenidos de las conversaciones guardadas en el móvil -según la versión de Podemos- para dañar políticamente a Iglesias.

Y es que en octubre de 2020 García Castellón ya indicó en la exposición razonada enviada al Supremo para imputar al líder de Podemos que, a resultas de la investigación, la “única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaban en poder del sr. Iglesias”

Pero la defensa de Bousselham se remite a un informe de la Policía Científica de 18 de agosto de 2020 que “ya indicó que no existen daños físicos graves que impidan la lectura de la tarjeta”, por lo que -subraya- “ya ha quedado acreditado que los daños que presenta la tarjeta se causaron por un exceso de lijado, compatible con la técnica utilizada por los laboratorios especializados en recuperación de información”. De ahí que vea “cuanto menos inútil e impertinente” la diligencia acordada por el juez, a quien reprocha que solo él se refirió a la tarjeta como “destruida”, “dañada” o “parcialmente quemada”. Un dispositivo, asegura, que no está inservible, sino que “no se puede leer de un modo habitual o acceder a su contenido, como consecuencia del lijado excesivo” de la tarjeta por los técnicos que intentaron recuperar los datos.