El patrimonio inmobiliario de los grandes propietarios del Gobierno de Sánchez

La vivienda es, junto con la igualdad, uno de los frentes preferidos del partido de Pablo Iglesias. Los morados están monopolizando la agenda política a costa de la regulación del sector inmobiliario introduciendo en la opinión pública conceptos como «alternativa habitacional» con el único objetivo de castigar a los dueños de los inmuebles para favorecer a quienes ellos consideran vulnerables, a costa del esfuerzo de la clase media. Bajo este paraguas, el de proteger a los desamparados y en su afán por regular e intervenir el libre mercado, su última propuesta, relacionada con la vivienda, ataca frontalmente a los propietarios de inmuebles. El planteamiento del socio minoritario del Gobierno de la coalición es rebajar la definición de gran propietario –establecida en el decreto antidesahucios–, fijada en diez o más inmuebles a cinco, un planteamiento que ha vuelto a dividir a los dos socios del Gobierno.

En un país como España, que en contraposición con lo que ocurre en otros países europeos,la vivienda en propiedad es la gran inversión familiar, esta modificación castigaría especialmente a la clase media española y no resolvería las deficiencias del mercado, que sería el objetivo de los morados con esta modificación.

El experto financiero en iAhorro, Antonio Gallardo, asegura a LA RAZÓN que bajar de diez a cinco el número de viviendas que define a la figura de gran tenedor «es un criterio bastante subjetivo» porque se basa en la unidad y no en el valor. «No es lo mismo tres viviendas en Madrid que Palencia», pone como ejemplo. «Si queremos tener un criterio de valoración yo creo que habría que meter, además del número de viviendas, el valor de la vivienda como patrón corrector del mismo», apunta.

Además, si se reduce este valor, algunos miembros del macrogobierno de Sánchez, que cuentan con un envidiable patrimonio inmobiliario, estarían en el punto de mira. Teniendo en cuenta la información de sus declaraciones de bienes, de obligada presentación en aras de la transparencia y el buen gobierno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de llevarse a cabo esta modificación, se convertiría en un «gran tenedor» porque posee cinco inmuebles. Los otros gran inversores en el cemento del Gobierno serían el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Las propiedades y fincas de Planas

En el «top» está Luis Planas, propietario de cinco inmuebles; cuatro de ellos de carácter urbano, situados en Córdoba, Málaga, Madrid y Marruecos, así como otra vivienda dentro de una finca rústica situada también en Córdoba, según consta en la Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. El ministro, de 67 años, está casado y tiene dos hijos. Su carrera política transcurre entre Sevilla, Madrid y puestos de representación en Bruselas y el exterior. Ha sido embajador en Rabat –lo que explicaría su vivienda en el reino alauí–. Según ha podido saber LA RAZÓN, su vivienda de Córdoba estaría valorada en más de un millón de euros, ya que se trata de una casa típica andaluza de dos plantas y altillo con un patio central situada a escasos metros de la mezquita, la gran joya turística y cultural de la ciudad andaluza. Su otra gran propiedad es un terreno con vivienda en Córdoba, según reza la declaración que adquirió en 2017. «Es una finca impresionante que está en Montoro», aseguran las mismas fuentes. De hecho fue en esta localidad situada en un Parque Natural donde, según él mismo reconoció, recibió la llamada de Sánchez para ser ministro en 2008.

La segunda posición en el ránking la ocupa el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Casado en régimen de bienes gananciales con Carolina Perles, con la que tiene cinco hijos. Poseen seis inmuebles: tres viviendas y tres locales comerciales, sin embargo, no entraría en la definición de gran tenedor porque los locales comerciales tiene otra tributación. Según explica el experto financiero, «en principio solo se contabilizan viviendas, los locales comerciales, por el régimen fiscal al que se dirigen, no tiene las bonificaciones que sí que tienen las viviendas». El valenciano lleva media vida en política. A sus espaldas suma diez años de oposición en Valencia a Rita Barberá, dos legislaturas frente al Gobierno de Mariano Rajoy y desde 2017 secretario de Organización del PSOE. Sobre sus inmuebles, todos se ubican en su tierra natal excepto una vivienda de 37,5 metros cuadrados situada en el norte de la capital en el barrio de El Viso.

El palacete de Isabel Celáa

La ministra de Educación, Isabel Celáa, completa el podio. Según la última declaración de bienes en el Congreso de los Diputados, tendría un patrimonio de más de 800.000 euros, con tres viviendas en propiedad y dos terrenos. Una de las viviendas corresponde a un chalet de grandes dimensiones que en 2018 fue acusada de ocultar en su declaración. Situado en el barrio más lujoso de Gecho y en un histórico palacete vasco –Casa Tangora– se encuentra a escasos metros de la Playa de Ereaga, Fue en este palacete de cinco plantas y reformado en 2016, donde el año pasado en medio de la pandemia aparecieron unas pintadas en las que se exigían su dimisión.

Hablar de los inmuebles de nuestra clase política obliga, si o si, a referirse al «casoplón» de los Iglesias-Montero. Su hipoteca por más de 540.000 euros prendió la mecha respecto a la coherencia de la izquierda en temas de vivienda. No en vano, cuando Pablo Iglesias dio el salto a la política a través del movimiento 15-M se jactó de vivir en Vallecas, como buen obrero, en un piso heredado. Sin embargo, años después se compró con su pareja este chalet a solo 40 kilómetros de Madrid, con piscina y amplias zonas verdes. Por este y otras viviendas, la ministra de Igualdad cierra este ránking ya que cuenta con varias propiedades tanto urbanos como rústicas. En Madrid, tiene la ya célebre casa de Galapagar y otra vivienda, también al 50%, recibida en herencia. Además, la ministra tiene una tercera vivienda, también heredada, al 50%, en Ávila, donde también tiene una finca urbana, una rústica y un almacén, todo ello al 50%. La ministra apoya el movimiento «okupa» e inició su carrera política denunciando las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda digna, un problema que desde su llegada a la política y al Gobierno, ella no representa.