La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha mostrado favorable en reformar los delitos de odio para que los mismos no estén penados con penas de prisión, sino que sean sancionados con multas o trabajos a la comunidad. Así lo ha expresado esta mañana en Senado durante la comparecencia para explicar la Memoria de la Fiscalía de los años 2018 y 2019.

Delgado justificó esa reforma en la necesidad de introducir “un mayor respeto a la proporcionalidad de las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes y contenidos que, si bien objetivamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio”, por su “contexto, por su contenido, por la ausencia de reiteración o incluso por las circunstancias personales del autor, se pueden considerar de menor entidad” y, por tanto, la penas de prisión serían desproporcionadas.

Por ello, Delgado defendió la posibilidad de que se contemplen de forma alternativa “unas penas de prisión de inferior duración a las previstas o penas diferentes de prisión como multas, pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido”.

Además, lo anterior haría posible que los autores de esos delitos puedan reinsertarse “mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas” y comprobar “directamente cuál es el daño que pueden generar a las víctimas”.

En relación con todo lo anterior, y sin aludir directamente a los disturbios que se han producido desde el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, Delgado sí lanzó el mensaje claro de que la libertad de expresión “no es violencia”, a la vez que aseguró que “todas las acciones violentas que se han podido producir en determinados espacios serán investigadas”.

“Amistades peligrosas”

Junto a ello, se refirió a las críticas recibidas de la oposición que cuestionaba su idoneidad e independencia para ocupar el cargo de fiscal general, entre otras razones por sus relaciones “personales” con el exjuez Baltasar Garzón y por el contenido de algunos audios grabados por el excomisario Villarejo. En este sentido, no entró directamente a esas cuestiones pero sí recordó que existen “contrapesos” que hacen que “esta institución no pueda desviarse” de sus funciones.

Por su parte, la casi totalidad de los partidos de la oposición criticaron muy duramente a Delgado, especialmente el Partido Popular. En ese sentido, su portavoz, Fernando de Rosa, quien destacó que la función como Fiscal General del Estado “es la defensa del principio de legalidad y no retorcer la ley, trastocar la ley, desfigurarla, o reinterpretarla a conveniencia del Gobierno; y si no es así, váyase, dimita”.

Igualmente, en su intervención ante la Comisión, Fernando de Rosa le ha pedido que “trasmita todas estas inquietudes a su jefe, Pedro Sánchez, que es el que manda en la Fiscalía”. El portavoz del GPP en justicia, ha insistido a Delgado en que “sea independiente, vele por la defensa de la legalidad y deje a un lado sus amistades peligrosas”.

Además, destacó que, en su opinión, desde que Dolores Delgado fue nombrada Fiscal General del Estado “se ha evidenciado es la comisaria del Ejecutivo en el mundo de la Justicia” y se refirió a lo que considera una “falta de ética y estética” en la actuación de Dolores Delgado, en referencia a su relación con Villarejo y Baltasar Garzón, “que pone en peligro la ‘Causa Tándem’”.