Una llamada el pasado miércoles puso la maquinaria a funcionar. Pedro Sánchez levantó el teléfono para desbloquear las negociaciones para la reelección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el resto de órganos constitucionales (RTVE, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional) pendientes de renovación. El PP pidió a Moncloa esperar a que pasaran las elecciones catalanas –por el impacto que podría tener un acuerdo en las expectativas electorales de Vox– y superada la cita con las urnas, se han retomado los contactos sobre un acuerdo que, desde Moncloa, sostienen que está «cerrado» desde el verano. Entonces, fue la salida en tromba de Cayetana Álvarez de Toledo revelándolo, lo que lo hizo descarrilar. Ahora, ya se ve la luz al final del túnel, pero este túnel sigue teniendo algunas curvas. Ayer hubo una reunión entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Estado de Presidencia, Félix Bolaños, para sortearlas.

Fuentes conocedoras de la citada reunión aseguran que todavía quedan flecos por resolver en la «despolitización de los órganos» y que, aunque sí se están registrando resultados en este sentido, todavía se deben producir más avances. Desde el sector popular se asegura que «Podemos sigue sin tener nada que ver» en la negociación y que no les consta que haya nombres de vocales propuestos por los de Iglesias y que, en caso de que así sea, el PP está dispuesto a tumbar el pacto. No la apoyará.

Esa misma mañana, Teodoro García Egea, se manifestaba en unos términos similares, asegurando –en una entrevista radiofónica– que la inminencia del acuerdo era tal, porque el PSOE había aceptado la condición de su partido de apartar a Podemos de la negociación. Según el dirigente popular, el partido morado estaría al margen «de cualquier negociación» y, por tanto, «no va a estar» ni «va a tener personas» en el órgano de gobierno de los jueces. Para Egea, «el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia» ya que «el pirómano no puede elegir al bombero». De la misma manera, los de Casado reconocían haber pedido el relevo de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la que acusan de usar la Fiscalía en favor de los intereses partidistas del PSOE por negociar con el ex comisario José Manuel Villarejo o el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Sin embargo, desde Moncloa niegan la mayor. No la inminencia del acuerdo, que siempre han sostenido, pero sí que se haya llegado hasta este punto por asumir las condiciones de PP respecto a la exclusión Podemos. Desde el Ejecutivo sostienen que no se ha apartado a Podemos de la negociación, porque nunca ha tenido presencia en ella, siempre se ha llevado a cabo de manera bilateral entre el ministro Juan Carlos Campo (PSOE) y el interlocutor del PP en materia de Justicia, Enrique López. Esto no es óbice para que los intereses que defiende el Gobierno sean los de los dos partidos que conforman la coalición y en Moncloa aseguran que Podemos propondrá nombres para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, fuentes socialistas inciden en que dentro de los nombres de los vocales progresistas pactados es complicado reconocer hasta dónde llega su inclinación y de quién proviene la propuesta.

Por su parte, fuentes cercanas a Unidas Podemos inciden en que existe un pacto cerrado entre el presidente del Gobierno y el vicepresidente desde el verano. Una propuesta en la que hay planificados puestos reservados para Podemos –en menor medida de los que se prevén para PSOE y PP– que es rechazada en absoluto por los populares, a pesar de la última llamada telefónica entre Sánchez y Casado. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, acusó directamente al PP de difundir una «noticia falsa». «No sé por qué ha mentido, pero ha mentido», destacó, deslizando que la verdadera intención de los populares sería torpedear el acuerdo.

El tiempo para alcanzar un acuerdo se agota y el plazo previsto para poder impulsar un acuerdo global que vaya más allá del CGPJ se ha fijado en el próximo jueves, cuando el Congreso deberá aprobar los nombres que componen la nueva Corporación de RTVE. En concreto, el CGPJ lleva en funciones más de dos años –de los cinco en que se estipula su mandato–y los 20 miembros que lo componen se eligen por una mayoría cualificada de tres quintos en las Cámaras. El Congreso y el Senado eligen 10 cada uno (seis entre jueces y magistrados y otros cuatro entre juristas de reconocido prestigio). Precisamente este método de elección es el que PSOE y Podemos estuvieron tentados de cambiar, para rebajar la mayoría de los 210 diputados a los 176, y de este modo, no necesitar al PP para su renovación. Ahora el pacto parece más cerca, pero las Cortes avanzan en otra reforma para limitar al Poder Judicial en funciones.