El BBVA deberá entregar los correos del exdirectivo que implica a FG en la contratación de Villarejo

La Audiencia Nacional ha corregido al juez de la Audiencia Nacional que investiga los encargos del BBVA a José Manuel Villarejo y ha acordado que se requiera al banco los correos corporativos y las agendas del exdirectivo Antonio Béjar, tal y como solicitaba el que fuera responsable de Riesgos Inmobiliarios de la entidad y denegó el juez en octubre del pasado año.

Béjar, imputado en este procedimiento, afirmó en su declaración al instructor, el magistrado Manuel García Castellón, que se contrató al excomisario -en prisión provisional por el “caso Tándem” desde noviembre de 2017- porque lo autorizó el entonces presidente del BBVA, Francisco González, conocido como “FG”. En su declaración ante el juez, Francisco González aseguró que dio su visto bueno a la contratación de una agencia de detectives en 2004 -tras el fallido intento de la constructora Sacyr de hacerse con el control del banco- y en 2010,p ara investigar los activos ocultos de inmobiliarias morosas, pero que desconocía que pertenecía a Villarejo, al que no conocía de nada.

La investigación de esta ramificación del “caso Villarejo” ha dejado al descubierto que el BBVA pagó supuestamente al comisario jubilado 10.284.689 euros mediante transferencias a cuentas de la sociedad Cenyt a cambio de las labores de espionaje que desarrolló el ex mando policial por encargo de «altos directivos» de la entidad.

Los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal, que preside Alfonso Guevara, han tomado esta decisión con el aval de la Fiscalía -que se adhirió al recurso de apelación de la defensa de Béjar- y en contra del criterio del BBVA, que está investigado como persona jurídica.

La entidad bancaria esgrimió que la información requerida por su antiguo directivo -que también incluye su correspondencia como presidente de la operación Distrito Castellana Norte (DCN)- no era útil para la investigación por ser “sumamente amplia” y tenía carácter prospectivo. Además, tachó de innecesaria la diligencia al entender que el BBVA ya había aportado, a instancia judicial, todos los correos internos relevantes para la causa. Tras oponerse el banco a facilitar esa información, la defensa de Béjar rebajó sus pretensiones y limitó su petición “a las comunicaciones mantenidas con determinadas personas”.

Los correos por los que imputaron a Béjar

Pero en su resolución -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-, la Sala no cree que la petición lesione el derecho de defensa del banco, y recuerda que Béjar fue imputado precisamente a raíz de unos correos aportados por la entidad antes de que el propio banco resultara investigado también.

Pero esa información que facilitó el BBVA -recalcan los magistrados-se extractó por el banco “con arreglo a criterios” guiados “por su propio interés”, aunque aún no estuviese imputado. De ahí que, añaden, consideren pertinente que Béjar pueda acceder al conjunto “del que se realizaron las extracciones aportadas por BBVA” para poner en contexto los correos facilitados a la Audiencia y confirmar o desvanecer los indicios contra su exdirectivo.

Aunque la Audiencia admite que las informaciones requeridas “puedan resultar incriminatorias” para el BBV, cree que el derecho de defensa del banco queda salvaguardado “mediante el oportuno expurgo del material que no fuese de interés para la causa”. Además, subraya, la entidad “no ha formulado alegación alguna al respecto”.

“El derecho de BBVA a no autoincriminarse -argumenta la Sala- no es incompatible” con la obtención por parte del juez instructor “del material probatorio” necesario para esclarecer los encargos del banco a Villarejo, “y tampoco con el eventual hallazgo, mediante tal actuación judicial, de pruebas que perjudicasen” a la entidad.

“Margen para rehusar” la petición

Asimismo, hace hincapié en que -como recuerda la Fiscalía- se trata de un mero requerimiento “sin apercibimiento o cualquier otra medida de coerción”, por lo que deja al BBVA “margen para rehusar atenderlo” en todo lo que afecte a su derecho de defensa.

La investigación judicial provocó que el ex presidente del banco Francisco González dimitiera de todos sus cargos en en marzo de 2019 tras denunciar una «larga y continua agresión mediática» por este caso.

Una de esas labores de espionaje habría tenido como objetivo al presidente de Ausbanc. Según ha denunciado reiteradamente la defensa de Luis Pineda -que está siendo juzgado por una supuesta trama para extorsionar a entidades bancarias por la que se enfrenta a una petición fiscal de 118 años de prisión- la entidad habría responsable, bajo la presidencia de Francisco González, de una presunta operación parapolicial contra su persona y la asociación de defensa de consumidores por su beligerancia contra las cláusulas suelo en los tribunales.