El PP fija sus líneas rojas para renovar el CGPJ: exclusión de jueces De Prada y Victoria Rosell

Gobierno y PP rompe sus negociaciones ante posiciones “irreconciliables”. La exigencia del PSOE de incorporar al juez de “Gürtel” que provocó la moción de censura contra Rajoy, obstáculo insalvable

Pleno del CGPJ
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El Gobierno y el Partido Popular han roto las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros órganos constitucionales al constatar que sus líneas rojas son “irreconciliables”. En el caso del CGPJ, la exigencia por parte del PSOE de contar con la presencia del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, autor del párrafo en la sentencia del “caso Gürtel” que derivó en la moción de censura contra Mariano Rajoy, se ha convertido en un escollo insalvable hasta ahora para cerrar el acuerdo que ponga fin a un Consejo cuyo mandato venció en diciembre de 2018.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que ha celebrado esta mañana el Comité Nacional del PP presidido por Pablo Casado, donde ha quedado claro las líneas rojas de este partido para cerrar el acuerdo de renovación de un CGPJ que venció su mandato en diciembre de 2018: Todo pasa porque entre los elegidos para vocales no figuren dos nombres concretos, los de los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. El primero de ellos, destinado en la Audiencia Nacional, fue el autor del célebre párrafo sobre la “caja b” del PP en la sentencia de Gürtel -en la que no juzgaba nada relacionado con ese extremo- , mientras que Rosell fue cabeza de lista por Unidas Podemos por la circunscripción de Las Palmas y actualmente es delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, integrada en el equipo ministerial que dirige Irene Montero.

Además, la dirección del PP ha puesto de manifiesto que el partido quiere sentar las bases con el PSOE para reforzar la independencia del Poder Judicial como una cuestión de principios, como lleva manteniendo desde hace dos años para que en la próxima renovación de CGPJ los jueces elijan a los jueces.

En relación con el veto a Victoria Rosell, el PP lo justifica en poner freno a las puertas giratorias entre política y Justicia. “La renovación de este CGPJ debe cumplir el requisito de la despolitización, y ningún político puede ser vocal del CGPJ, como ha ocurrido hasta ahora”, esgrimen al respecto desde el Partido Popular.

El Ejecutivo y el PP han informado pasada la medianoche en sendos comunicados idénticos que durante todo el jueves han mantenido conversaciones telefónicas y contactos que han certificado la existencia de “escollos” que impiden llegar a un pacto.

En concreto, han explicado que han intentado cerrar un acuerdo para las renovaciones pendientes en el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.

Pero finalmente no ha sido posible pese a que sí lograron un pacto para la renovación de Consejo de Administración de Radiotelevisión Española.

El juez De Prada

Fuentes del Gobierno han manifestado a Efe que en las conversaciones se ha constatado que las líneas rojas del Gobierno y las del PP son “irreconciliables” en este momento.

Por ello consideran que si alguien modifica su actitud, tendría sentido volver a sentarse para negociar, pero por el momento no se ha fijado un plazo para ello.

Por su parte, fuentes del PP han insistido en que hay diferencias importantes que impiden lograr cualquier tipo de acuerdo.

Entre ellas explican que el PSOE ha planteado que el juez José Ricardo de Prada forme parte como vocal del CGPJ.

Ricardo de Prada, uno de los jueces del caso Gürtel, era uno de los nombres que había vetado el PP junto al de Victoria Rosell, actual delegada contra la Violencia de Género, por considerarlos cercanos a Podemos.

Este juez, señala el PP, no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello.

Por tanto, consideran que se trata de un fraude de ley ya que lo que creen que se intenta es que un juez entre en el Consejo “por la puerta de atrás”, por el turno de juristas, sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros.

José Ricardo de Prada fue el magistrado de la Audiencia Nacional que incluyó el famoso párrafo en la sentencia del “caso Gürtel” relativa a la “caja b” del Partido Popular, que fue lo motivó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy; párrafo que fuer anulado y suprimido posteriormente por el Tribunal Supremo. En el procedimiento donde figuró ese párrafo no se juzgaba nada relacionado con la supuesta “caja b” del PP.

Añaden las fuentes del PP que este partido mantendrá la coherencia en las condiciones planteadas y subraya que “la pelota está en el tejado del PSOE”.

El nuevo fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial aboca al órgano de gobierno de los jueces a seguir en una situación de interinidad tras haber cumplido el pasado 4 de diciembre dos años en funciones.

Una semana de plazo

Si no se logra desbloquear en una semana esta situación, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados sí abordará los ocho nombramientos pendientes que en el Pleno de ayer quedaron en suspenso a la espera de ver si se lograba el consenso. De hecho, se ha fijado para el próximo jueves un Pleno extraordinario con el único orden del día de debatir sobre las ocho vacantes que deben ser renovadas: presidencias de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Vasco, tres plazas de magistrados del Tribunal Supremo y las presidencias de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca. En ese plazo se espera en el CGPJ que se cierre un acuerdo; lo contrario llevará a que aborden esos nombramientos, sobre los que, si finalmente se debaten, se puede lograr una mayoría suficiente para llevarlos a cabo.

Los vetos planteados son los que han hecho encallar finalmente el diálogo que se había retomado la pasada semana, una vez celebradas las elecciones catalanas, tras una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado.

En ella, ambas partes expresaron su disposición a negociar también las renovaciones pendientes de otros órganos constitucionales, pero Casado reiteró que mantenía sus condiciones para el CGPJ, entre ellas que Unidas Podemos no participara en la negociación y que se avanzara en la despolitización de la Justicia.

Desde entonces, las conversaciones han estado encabezadas por el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El representante de los populares aseguró al inicio de esta semana que el Gobierno había atendido su petición y que el partido de Pablo Iglesias había quedado fuera de la negociación.

Pero tanto desde la parte socialista del Ejecutivo como desde el propio PSOE se aclaró que quien negociaba en nombre del Gobierno lo hacía en representación de los dos socios que lo conforman, el PSOE y Unidas Podemos. También desde esta fuerza política se aseguraba que no estaban relegados y afirmaban estar muy tranquilos ya que confiaban en la lealtad de los socialistas en este asunto.

Así las cosas las negociaciones prosiguieron y se daba por inminente un acuerdo antes de que el pleno del Congreso votara este jueves a los miembros del Consejo de Administración de RTVE, pero finalmente sólo se pudo pactar el nombre de los consejeros del ente público.

Este nuevo fracaso da continuidad a la falta de acuerdo del pasado mes de noviembre pese a que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a darlo por hecho y dijo que sólo faltaba hacerlo público. El pacto estuvo también prácticamente cerrado en 2018, con Pedro Sánchez ya como presidente del Gobierno.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena era la persona elegida para sustituir a Carlos Lesmes al frente del Consejo, pero presentó su dimisión, reivindicando su independencia, después de que se filtrase un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo su elección porque, decía, se podría controlar “por detrás” la sala segunda del alto tribunal.