La denuncia que ha puesto contra las cuerdas al club azulgrana

La denuncia que judicializó el “Barçagate” se interpuso el 21 de abril del pasado año en el juzgado de guardia de la ciudad condal por parte de ocho socios del club, miembros de una asociación denominada Dignitat Blaugrana, que imputaban a miembros de la Junta Directiva que presidía Josep Maria Bartomeu y a los responsables de la empresa I3 Ventures la supuesta comisión de delitos de administración desleal y corrupción entre particulares.

Estas son las claves de la denuncia que ha llevado hoy a los Mossos a registrar las oficinas del club azulgrana:

Objetivo encubierto

Los denunciantes esgrimían que aunque se contrató a I3 Ventures para proteger la reputación del club creando estados de opinión en las redes sociales, el verdadero objetivo era difamar, a través de distintos perfiles falsos, a “jugadores, personalidades y entidades relacionadas directamente con el club”.

Artificio contable

Dignitat Blaugrana aseguraba que por sus servicios la empresa de posicionamiento web cobró desde 2017 casi un millón de euros repartidos en pagos de 198.000 euros anuales. ¿El objetivo? No superar los 200.000 euros que obligaban a pasar por el visto bueno de la comisión de control de la Junta Directiva culé.

Precio fuera de mercado

De acuerdo con las tarifas del sector, los servicios encargados “tienen un precio de mercado de entre 120.000 y 150.000 euros”, aseguraban los denunciantes, que además sospechaban que se hubiera recurrido a una empresa radicada en Uruguay “cuando en Cataluña existen muchas que ofrecen estos mismos servicios al nivel de calidad exigible y a precio de mercado”.

Cinco sociedades diferentes

Los contratos presentados al F. C. Barcelona “provienen de cinco sociedades diferentes”, todas vinculadas a I3 Ventures. De hecho, la denuncia se dirige también contra algunas de esas empresas: NSG Social Sciencies Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA.

Seis departamentos del club

Esas seis sociedades habrían trabajado supuestamente para seis departamentos del club blaugrana: La Masia, Barça Innovation Hub, Actius Digitals, Patrocinis, Mitjans de Comunicació y Fundació FCB.

Administración desleal

El abogado que representa a los socios pertenecientes a Dignitat Blaugrana, Constantino Adell, sostiene en la denuncia que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 252,1 del Código Penal, que castiga con una pena hasta de seis años de cárcel el abuso o extralimitación por parte de quienes ostentes facultades de administración de un patrimonio ajeno (en este caso directivos del club) que cause un perjuicio en el mismo.

Para el letrado, el delito se habría cometido desde el momento en que se articuló “una estrategia para ocultar los pagos realizados” (fraccionando su importe para eludir la supervisión de la comisión de control de la Junta Directiva).

El perjuicio, argumenta, sería de más de 850.000 euros, correspondiente al sobreprecio pagado por esos servicios “a espaldas de los sistemas de control del club”

Corrupción entre particulares

Dignitat Blaugrana sostiene que se habría incurrido en este delito si se demuestra que se metió dinero en la caja aprovechando el sobreprecio pagado a I3 Ventures. La corrupción entre particulares está castigada con una pena de seis meses a cuatro años de prisión.