Indultos “procés”: el Supremo pregunta al Tribunal de Cuentas si se ha pagado la factura del 1-O

El tribunal del juicio del “procés” ha acordado solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre el estado en el que se encuentran los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación a los condenados, está tramitando con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña. Se trata de saber -como había solicitado la Abogacía del Estado antes de pronunciarse sobre los indultos- si han aportado los 4,1 millones en fianzas que se les reclamaron, que se corresponden con el dinero que se malversó en el proceso independentista según la sentencia del Tribunal Supremo.

Según informa el Alto Tribunal, la Sala II del Supremo ha pedido un informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre la actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, que incluya las actas de liquidaciones provisionales y en particular la del 28 de enero del pasado año, para acreditar de esta forma si se ha procedido al depósito o afianzamiento de ese importe.

Una vez el Tribunal de Cuentas remita esta información, el Tribunal Supremo tendrá ya en sus manos los informes necesarios para deliberar sobre las peticiones de indultos, sobre las que previsiblemente se pronunciará en contra (al menos en el caso de los condenados a penas de prisión, entre ellos el líder de ERC Oriol Junqueras), y más teniendo en cuenta que ya ha revocado tanto la aplicación del artículo 100.2 y el tercer grado penitenciario esgrimiendo la gravedad de los delitos por los que fueron condenados (sedición y malversación) y las elevadas penas impuestas (hasta de 13 años de prisión).

La Fiscalía se opone

El tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena remitirá su dictamen al Ministerio de Justicia junto a los informes de la Fiscalía, que ya se ha opuesto con rotundidad a la concesión de los indultos, la Abogacía del Estado y el propio Tribunal de Cuentas, y será entonces el departamento que dirige Juan Carlos Campo el que traslade su propuesta sobre los indultos al Gobierno de Pedro Sánchez, que es quien tendrá la última palabra (dado que esos informes no son vinculantes).

Tanto Junqueras como los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados por un delito de sedición en concurso medial con una malversación de fondos públicos. El tribunal dejaba claro en la sentencia que “los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, organización de la Administración, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas” eran “expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos”.

Fue sin embargo el Tribunal de Cuentas el encargado de precisar el montante de la factura de esa malversación por el referéndum ilegal del 1-O, que se celebró desoyendo al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una vez delimitado ese montante, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza solidaria de 4,1 millones de euros de la que debían hacerse cargo el expresidente Carles Puigdemont -que sigue refugiado en Bruselas a la espera de que Bélgica decida sobre su entrega a España-, Junqueras y trece exconsellers y once ex altos cargos de la Generalitat.