Bartomeu pagó 2,3 millones a la empresa que difamó a sus rivales en el FC Barcelona

Los Mossos d’Esquadra afirman que Josep Maria Bartomeu abonó 2.315.775 euros a la empresa que difamó en redes sociales a sus rivales en el club e incluso a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué. Así se especifica en un informe, de 1 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se explica que el expresidente del FC Barcelona, que fue detenido el pasado lunes, se comprometió a abonar un total de tres millones de euros a Carlos Ibáñez, dueño de la firma de comunicación Nicestream, radicada en Uruguay. Este empresario, de nacionalidad argentina, es el quinto investigado en la causa conocida periodísticamente como “Barçagate” junto a Bartomeu; el exasesor de Presidencia Jaume Masferrer; y los empleados del club Óscar Grau y Román Gómez Ponti.

En el oficio policial, los agentes de la Policía catalana cuantifican en 1.220.700 euros el perjuicio que ya ha sufrido el club catalán. Sin embargo, esta cifra podría ser más elevada, prosiguen los mossos, ya que la firma uruguaya podría reclamar al FC Barcelona el pago íntegro al que se comprometió Bartomeu en nombre de la entidad blaugrana.

Además, los agentes apuntan que la querella interpuesta por el empresario de comunicación Jaume Roures por injurias y calumnias también podría provocar un nuevo perjuicio por la “gestión desleal” de Bartomeu y su equipo.

Contraprestaciones a los directivos

En el documento policial de 1 de marzo, firmado en Sabadell, la sede central de los Mossos d’Esquadra, se indica también que las pesquisas por el posible delito de corrupción en los negocios tienen su origen “en las posibles contraprestaciones o el posible beneficio, de cualquier tipo que hayan podido percibir los directivos, administradores, trabajadores o colaboradores del Barça a cambio de adjudicar los contratos al margen de los procedimientos establecidos”.

Tal y como informó LA RAZÓN, los Mossos están analizando “el rastro del dinero” que el FC Barcelona abonó a estas empresas en cantidades inferiores a 200.000 euros para burlar la vigilancia de la Junta Directiva. Según declaró un empleado del club las adjudicaciones de los contratos para difamar en redes sociales se realizaron a cinco empresas diferentes, pero pertenecientes a un mismo propietario, y así sortear los controles internos.