La Fiscalía no ve delito de odio en el chat de los exmilitares “golpistas”

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación que abrió el pasado mes de diciembre en relación al chat de militares de la XIX Promoción del Ejército del Aire en el que se hablaba de “fusilar a 26 millones de hijos de puta” y se abogaba por un golpe de Estado.

Pese a que en un primer momento el Ministerio Público apuntaba que en dichas conversaciones se vertían “manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar”, considera que no son constitutivos de un delito de discurso de odio y que se trata de un chat “privado”.

En concreto, según explica la Fiscalía, los integrantes del grupo de WhatsApp exponen opiniones a los demás participantes “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos” sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito.

“Libertad de opinión”

Y es que considera como “dato objetivo” que se trata de un chat privado “donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás participes” y sin que exista voluntad alguna “de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos”.

Por este motivo, “no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.

Dado que no se han podido contextualizar los comentarios publicados, la Fiscalía advierte de que “aisladamente” contemplados “constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno”.

“Crítica dura” al Gobierno

Es más, los entiende como una crítica “dura” enmarcada en el derecho a la libertad de expresióny de opinión, “constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre”.

Eso sí, la Fiscalía considera que “los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior y sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual”.

Fue el pasado mes de diciembre cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, informó a la Fiscalía de que los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, “algunos hace más de 40 años”, por lo que ninguno tiene la condición militar de servicio activo o en la reserva.

“No se ha podido acceder al chat”

Es más, continúa el Ministerio Fiscal, “ninguno de ellos se encuentra en activo en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa, por lo que la actuación del grupos quedaban fuera de su ámbito de la competencia administrativa o disciplinaria”. Al mismo tiempo, la Brigada Provincial de Información les comunicó que el chat de la XIX del Aire era “privado, razón por la cual no se ha podido tener acceso al contenido del mismo, aunque sí se han acreditado los que se han hecho públicos”.

Por último, la Fiscalía se refiere al campo de acción “más amplio” que tiene la libertad de expresión sobre la libertad de información “que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados”, de ahí que un criterio fundamental de enjuiciamiento de su legitimidad sea el de la veracidad. No ocurre lo mismo con la libertad de expresión que “alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada”.

Defensa estudiará cómo “castigarles”

Ahora, con esta decisión por parte de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa deberá decidir si actúa de alguna forma contra los militares retirados. Al estar todos fuera de la disciplina castrense, Defensa únicamente podría intentar quitarles ciertos «privilegios» con los que cuentan por el hecho de haber pertenecido a los Ejércitos, algo que Robles dijo estudiaría una vez se pronunciase la Justicia.

Entre esos privilegios están, por ejemplo, la posibilidad de vestir el uniforme, identificarse con su empleo militar, asistir a actos castrenses, utilizar las residencias militares o formar parte de la Real Orden de San Hermenegildo, de la que uno sólo puede ser expulsado si existe una condena firme.