Anticorrupción cree que el riesgo de que Villarejo se fugue sigue siendo “elevado”

La Fiscalía Anticorrupción cree que existe un elevado riesgo de que José Manuel Villarejo se fugue o vuelva a delinquir una vez recupere su libertad tras tres años y cuatro meses en prisión provisional por el “caso Tándem”.

En el escrito en el que no obstante pide su libertad provisional -tras constatar la Audiencia Nacional que no podrá sentar en el banquillo al excomisario hasta diciembre, cuando se haya superado el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva- los fiscales del “caso Tándem” recuerdan que la prisión de Villarejo se ha mantenido hasta ahora “en atención a las circunstancias que evidenciaban un elevado riego de fuga y un evidente riesgo de reiteración delictiva, junto con un persistente riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba”. Pero en todo caso, añaden, la medida era necesaria por la posibilidad de que se le juzgara “dentro del plazo máximo legal de esta prisión provisional”.

Pero una vez constatado que no es posible sentarle en el banquillo antes de esa fecha, argumenta, y aunque insisten persisten los “elevados riesgos de fuga y de reiteración delictiva”, los fiscales de Anticorrupción aseguran que no teniendo ya la medida cautelar por objeto que esté a disposición del tribunal cuando comience el juicio, debe evitarse que la prisión provisional se convierta en una “pena anticipada”.

Y eso que la Fiscalía hace hincapié en los indicios que acreditan ese riesgo de que se dé a la fuga, como la integración “cada vez más acreditada de su círculo familiar más próximo en la organización criminal que dirige” (su esposa está acusada en dos de las piezas que se juzgarán en primer lugar y su hijo en otra) y el hallazgo en los registros “de documentación con pluralidad de identidades, así como pasaportes en blanco y grandes cantidades de dinero en efectivo”. Algo que en su opinión respondía a “la planificación de una fuga del territorio nacional” ante la posibilidad de ser detenido.

Amplia red de contactos

Por si fuera poco, subraya la Fiscalía, está acreditada en la investigación su “facilidad” para trasladarse a distintos países, “tanto dentro como fuera de Europa”, además de que ostenta “importantes activos patrimoniales fuera de España” y mantiene “una amplia red de contactos que le permitirían residir fuera del territorio nacional eludiendo aquí sus futuras responsabilidades penales”. Al estar ya jubilado, añade, “no mantiene un arraigo profesional o laboral en España”.

La decisión del Ministerio Público se produce después de que la Sala de lo Penal del citado tribunal haya ratificado la libertad acordada en relación a tres de la treintena de piezas que mantiene abiertas el instructor en el marco del “caso Villarejo”. La medida no implicaba su puesta en libertad, pues sigue vigente la orden de prisión en el resto de líneas de investigación, pero Anticorrupción se quejó de que ese pronunciamiento retrasaba aún más la celebración del primer juicio contra él (previsto finalmente para diciembre) al tener siempre preferencia las causas sin preso.

Dado que el próximo 3 de noviembre expira el plazo máximo de cuatro años de prisión provisional, por lo que Villarejo debería quedar en libertad en todo caso (salvo que haya sido condenado en sentencia firme por otra causa), lo cierto es que el excomisario tenía todas las papeletas para estar ya en libertad cuando se celebrara ese primer juicio por tres supuestas operaciones parapoliciales de espionaje que habría llevado a cabo a través de su empresa, el Grupo Cenyt. De hecho, la Audiencia Nacional admitió que como muy pronto podria sentarle en el banquillo a finales del próximo octubre.

Por un lado, se le juzgará por los supuestos trabajos de espionaje realizados a un despacho de abogados. Por otro, por sus averiguaciones respecto a la situación patrimonial de los herederos del promotor de la urbanización de lujo La Finca en el marco de una disputa familiar por su herencia. Y, por último, y dentro del mismo juicio (la Audiencia acordó aunar esas tres piezas en un mismo proceso), se dilucidará su intervención en la investigación parapolicial que tuvo por objetivo a un exsocio de los hermanos Juan y Fernando Muñoz Tamara, marido y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana. La Fiscalía reclama condenas de 57 años, 38 y diez meses y 14 años de prisión para el comisario jubilado, respectivamente, por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros.

El primer juicio, el 13 de diciembre

La Fiscalía coincide así con la petición de libertad que también ha reclamado hoy Villarejo -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- una vez la Sección Cuarta de lo Penal haya señalado el inicio del primero de los juicios que tiene pendientes para el próximo 13 de diciembre, cuando ya habrá vencido el plazo máximo de estancia en prisión provisional.

Su abogado, Antonio García Cabrera, expone en el escrito en el que solicita la libertad del comisario jubilado que tras tres años y cuatro meses en la cárcel “sólo se ha abierto juicio oral contra él por delitos cuya pena no excede de seis años de duración” (descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento y extorsión en grado de conspiración), por lo que Villarejo “ha superado ya la mitad de la pena máxima que pudiera imponérsele en caso de condena”, y no solo dos tercios del máximo de cuatro años de privación de libertad “sino también las cuatro quintas partes”.

“No existen precedentes”

“No existen precedentes en este tribunal -se queja el letrado- que en delitos de esta naturaleza se hayan adoptado periodos tan largos de privación cautelar de libertad”. Y pese al tiempo transcurrido, señala, “no se ha formalizado ninguna acusación concreta contra el investigado” por el delito de organización criminal (que la Fiscalía no le imputa en ninguna de las tres causas que se juzgarán en primer lugar).

Para la defensa de Villarejo, que además esgrime su edad (cumplirá 70 años el próximo agosto) y su situación médica, “no puede prolongarse más la privación cautelar de libertad debiendo optarse por su inmediata libertad”, pues su permanencia en prisión acarrea además, se queja, “un impacto irreparable” sobre su derecho de defensa.

El abogado del excomisario considera que para evitar una posible fuga que rechaza por su arraigo personal y familiar en España “sería suficiente con la prohibición de abandonar el territorio nacional y la entrega de su pasaporte, con la obligación de su presentación quincenal en el juzgado”.