Puigdemont carga contra el Supremo y le acusa de actuar con “criterios políticos”

La defensa del expresidente Carles Puigdemont considera que el Tribunal Supremo está actuando con criterios “estrictamente políticos” y de forma “arbitraria” en su empeño por conseguir que Bélgica acceda a la entrega del líder independentista para que sea juzgado por sedición y malversación por su papel en el proceso soberanista.

En sus alegaciones a la pretensión del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”, de recurrir a la Justicia europea para que dilucide si Bélgica puede rechazar la euroorden por cuestionar la competencia del Supremo o ante una supuesta vulneración de la presunción de inocencia, el abogado de Puidemont afirma si es finalmente entregado que existe un “riesgo real” de que se vulnere “no uno, sino distintos derechos fundamentales” del líder de Junts per Catalunya (JxCat).

El magistrado ha solicitado que las partes se pronuncien sobre la posibilidad de acudir al TJUE para aclarar los puntos claves esgrimidos por la Justicia belga para no ejecutar la OEDE del exconseller huido LLuís Puig.

Para el letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “es clara” en el sentido de que Bélgica debería abstenerse de dar curso a esa orden de detención europea “cuando no pueda descartar la existencia de un riesgo real” de que “pueda vulnerarse el derecho a un proceso equitativo”. Esa decisión de LLarena del pasado 25 de febrero -mantiene- vulnera “el derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías” por la “falta de claridad de la providencia” y por el “el insuficiente plazo concedido, de tres días, para alegar sobre la necesidad del planteamiento de las cuestiones prejudiciales”.

“Escandaloso”

En su escrito, dice que “no solo no se opone” a recurrir al veredicto del TJUE, “sino que invita encarecidamente al magistrado instructor a que plantee las cuestiones prejudiciales que considere oportunas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluidas las que esta parte viene reclamando desde hace años en esta causa”, que relaciona una por una en un extenso escrito de más de 200 folios, relacionadas en su mayoría con la supuesta falta de competencia del Supremo y con la condición de parlamentario europeo de Puigdemont y el pretendido alcance de su inmunidad.

De hecho, se queja de la “sistemática denegación” por parte de Llarena y de la Sala Segunda del Alto Tribunal “de todas y cada una de las solicitudes de cuestiones prejudiciales que se han realizado” por parte de las defensas. Hasta el punto de que califica de “escandaloso que se pretendan plantear cuestiones prejudiciales exclusivamente dirigidas a cuestionar la referida decisión” (de rechazar la entrega de Puig) “una vez que, estratégicamente, todo apunta al levantamiento de la inmunidad parlamentaria” de la que goza el expresident desde julio de 2019. Llarena, denuncia, “se negó a reconocer” la condición de diputado al Parlamento Europeo de Puigdemont “durante meses”.

Para la defensa del líder independentista el instructor hace una “instrumentalización política de la orden de detención europea sin precedentes en la Unión Europea”. Y va más allá al tachar de “un supuesto evidente de desviación de poder” lo que considera una “emisión reiterada de órdenes de detención europeas contra una persona sin cambio alguno en las circunstancias que llevaron a la retirada de la orden de detención europea anterior”.

Puigdemont, “represaliado político”

El letrado defiende que el Supremo ha actuado con “manifiesta arbitrariedad” respecto a los procesados en rebeldía, a los que denomina “represaliados políticos catalanes”. Y es que reprocha a la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena de adoptar “sin un ápice de pudor” desde hace más de tres años “decisiones judiciales basadas en criterios estrictamente políticos”.

La defensa del líder independentista argumenta igualmente que tanto la orden de busca y captura e ingreso en prisión de octubre de 2019 contra Puigdemont como la de detención internacional son nulas. La primera, porque se adoptó “sin solicitar la suspensión de la inmunidad” del por esas fechas ya europarlamentario. Una resolución que ve también “abiertamente contraria a la inmunidad” dado que, esgrime, “una situación de prisión resulta incompatible con la libertad de movimiento que resulta imprescindible para el ejercicio de la condición de diputado al Parlamento Europeo”. “Es obvio que, salvo en el supuesto de delito flagrante, no es posible emitir una orden de busca, captura e ingreso en prisión contra un diputado al Parlamento Europeo sin haber obtenido autorización para ello”, sostiene.

Y en cuanto a la orden de detención internacional (la inicial se acordó en noviembre de 2017 tras la fuga de Puigdemont, y posteriormente se reiteró en octubre y noviembre de 2019), el letrado sostiene que no es posible “la emisión de una orden de detención europea contra un diputado al Parlamento Europeo sin haber obtenido la previa autorización del Parlamento Europeo”.

Por último, el abogado de Puigdemont alerta de que, en caso de ser condenado por malversación, y dado el montante de la cuantía malversada en el proceso soberanista -que el Tribunal de Cuentas ya ha cifrado en más de cuatro millones de euros- eso podría suponer la pérdida del derecho a ser candidato por un plazo de hasta 30 años, lo que teniendo en cuenta la edad del expresident (tiene ahora 58 años) “implicaría la pérdida de por vida del derecho de sufragio pasivo”.