Las preguntas de sus señorías que son “ajena a la competencia del Gobierno”

Los servicios jurídicos del Congreso rechazan que el Rey Felipe VI comparezca la Cámara para dar cuenta de las polémicas protagonizadas por su padre, Juan Carlos I, con sus regularizaciones fiscales, y también son contrarios a la tramitación de la comisión de investigación sobre las presuntas actividades irregulares del anterior jefe del Estado tras su abdicación solicitada por Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y el Grupo Plural. Así consta en las notas de los servicios jurídicos sobre estas iniciativas que ha estudiado hoy la Mesa del Congreso.

También hay numerosas preguntas formuladas por los diputados en las que los letrados del Congreso recuerdan a sus señorías que son “ajena a la competencia del Gobierno”.

Vacunas de las infantas

Entre ellas se encuentra una pregunta sobre la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes. Ante la pregunta de ¿qué opinión le merece al Gobierno la vacunación de dos familiares de la Casa Real en otro país? o si tenía conocimiento el Ejecutivo de ello aseguran los servicios jurídicos de la Cámara Baja que “podría versar sobre materia ajena a la competencia” que tiene el Gobierno de manera que insta a que se reformule dicha pregunta.

De la misma manera se pronuncian los letrados del Congreso sobre una pregunta similar sobre la vacunación de las infantas que va dirigida al Ministerio del Interior que formula el Grupo Plural.

Sobre la pregunta que se refiere a la asignación pública que las hermanas de Felipe VI recibirían de manera directa o indirecta y a cuánto ascendería esa cantidad, pregunta que también formuló el Grupo Plural, también los jurídicos resuelven que versa sobre materia ajena al Gobierno.

De la misma manera se pronuncia sobre la petición de un diputado acerca de la opinión del Ejecutivo en relación a “alguien que actualmente recibe dinero público” bien de manera directa o indirecto mediante el pago de Patrimonio Nacional a través de un equipo de protección y ayudantes de cámara y que habría defraudado dinero a Hacienda”, pero esta cuestión también va más allá de la competencia gubernamental.

Carácter reservado

En otros casos, los letrados del Congreso recuerdan que la pregunta “no procede”. En este caso se pronuncian de esta manera ante la que se formula, también por parte del Grupo Plural, sobre la apertura de la Agencia Tributaria de un expediente contra el Rey emérito. Recuerda que han de tener en cuenta el artículo 95 de la Ley General Tributaria que establece que “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado” y solo podría ser utilizado para la efectiva aplicación de los Tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada.

Pero no todas se refieren a la Corona. También los servicios jurídicos se pronuncian sobre una pregunta parlamentaria que formula el Grupo Popular relativa a los gastos de alojamiento, manutención y ocio durante la estancia del Ministro de Transportes, José Luis Ábalos al “Palacio Isora” de Tenerife en noviembre de 2020. En dicha pregunta, los populares interpelan sobre si el dinero que gastó proviene de los fondos reservados, quién dispone la utilización de esos fondos, con qué fin y con qué cargo a la partida presupuestaria. En este caso recuerdan que conforme a lo dispuesto a los artículos 3 y 7 de la Ley 11/1995 reguladora de la utilización y control de créditos destinados a gastos reservados, la información relativa a los mismos “tendrá calificación de secreto” subrayando que la misma está sujeta al control del Congreso, pero a través de la comisión de control destinada a los gastos reservados por lo que, la información relativa a este punto “tendrá carácter reservado”.