La batalla sobre la entrega del expresident Carles Puigdemont a la justicia española continúa. El pleno del Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor del levantamiento de la inmunidad del ex presidente Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí por una amplia mayoría de 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones.

El resultado de la votación que se acaba de conocer esta misma mañana no ha sido ninguna sorpresa, ya que los números se inclinaban de manera clara en contra de los líderes independentistas. Populares, socialistas y liberales de Renew Europe – formación en la que se encuadra Ciudadanos- han votado a favor de levantamiento de la inmunidad así como el grueso del grupo de los conservadores y reformistas, fuerza que acoge tanto Vox como los independentistas flamencos N-VA defensores de Puigdemont.

En el otro lado de la balanza, los Verdes y el grupo de Izquierda Unitaria, fuerza a la que pertenece Podemos, han votado en contra. “Siempre hemos defendido que el conflicto político en Catalunya debe resolverse por vías políticas y mediante el diálogo. Quienes se empeñan en judicializar esta situación sólo quieren hacer más difícil su solución para sacar algún rédito electoral. Nosotras seguiremos defendiendo la mesa de diálogo, que el Congreso pidió reactivar en febrero, y no echaremos más gasolina al fuego”, aseguraron ayer los socios de Pedro Sánchez para justificar el sentido de su voto.

Próxima estación: Luxemburgo

Tras el paso de hoy, Puigdemont sigue siendo eurodiputado pero ahora se espera que la solicitud de euroorden realizada por las autoridades españolas a la justicia belga se reanude de manera inmediata. El ex president tan sólo perdería su escaño, si la entrega acaba realizándose.

En este escenario, los políticos independentistas se guardan un as en la manga y están dispuestos a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE para que imponga medidas cautelares y no vuelta a tramitarse la euroorden. La corte europea ya se pronunció a favor de los eurodiputados cuándo amparó su derecho a ocupar su escaño tras haber sido elegidos en las elecciones europeas de 2019.

Pero esta misma baza también podría ser utilizada por las autoridades españolas. En el mes de enero, Bélgica denegó de manera definitiva la extradición del exconseller Lluís Puig al considerar que el Tribunal Supremo español no es competente para realizar esta petición, sin llegar a valorar la equivalencia de delitos por los cargos imputados.

El alto tribunal español no comparte este criterio y teme que la justicia belga vuelva a fallar en el mismo sentido en el caso de Puigdemont. Por eso, el instructor de la causa, Pablo Llarena, ya ha empezado a preparar el terreno para elevar esta cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE, quien debería aclara la competencia del Supremo en este ámbito y marcar la senda a los tribunales belgas.

Hasta el momento, la justicia del país no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Si el ex president acaba siendo entregado a los tribunales españoles, sólo podrá ser juzgado por los delitos que guarden una correspondencia con el ordenamiento belga.

Reacción del Gobierno

La reacción del Gobierno al dictamen del Parlamento Europeo ha llegado a través de la ministra de Asuntos Exteriores y Unión Europea, Arancha González Laya, que ha sugerido que las autoridades europeas han mandado un triple mensaje. En primer lugar manda el mensaje de que “nadie puede refugiarse en Europa para eludir posibles vulneraciones de legislaciones nacionales”. “En segundo mensaje solidez de la Justicia española”, que ha visto su posición refrendada por el Parlamento Europeo . Y por último que “los problemas de Cataluña se resuelven en España”.