El Gobierno recurre la sentencia sobre Meirás que otorgaba indemnización a los Franco

El Gobierno ha decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña sobre el Pazo de Meirás del pasado 12 de febrero. Un fallo que, “si bien es favorable a las principales pretensiones del Gobierno al otorgar la propiedad del Pazo a Patrimonio del Estado”, reconoce a los herederos el “derecho a recibir una indemnización” por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble, y que ahora decide recurrir por este motivo.

La Abogacía del Estado ha realizado “un estudio detallado” de los fundamentos de la sentencia que ha permitido “apreciar errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda”. La sentencia afirma “erróneamente” que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la “buena fe” de los herederos del dictador y de ahí se extraen “una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad”, según una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia.

La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo “permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio”.

Anoche, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que el Estado y la Xunta estaban estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que ordena indemnizar a los Franco por los gastos de conservación del inmueble de Sada desde 1975. El Gobierno central se ha adelantado al plazo que vence este viernes.

Fue el pasado 12 de febrero cuando la Audiencia Provincial de La Coruña declaró que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado tras el recurso presentado por los herederos de Franco. No obstante, les reconoció el derecho a ser indemnizados por los gastos de conservación.

Aunque el Gobierno subraya que ese fallo era favorable a sus principales pretensiones, el estudio detallado por parte de la Abogacía del Estado ha llevado a decidir finalmente la presentación del recurso.