La Fiscalía cierra la investigación por la filtración a la prensa del caso de las tarjetas opacas del emérito

Don Juan Carlos pagó un mes después de conocerse las pesquisas 678.393 euros para regularizar su situación con Hacienda por el dinero que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, saluda a su llegada a una comisión de Justicia celebrada en el Congreso de los Diputados
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, saluda a su llegada a una comisión de Justicia celebrada en el Congreso de los DiputadosEUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

La Inspección de la Fiscalía General del Estado ha archivado el expediente gubernativo que ordenó abrir la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras publicarse en la prensa la información de que Anticorrupción investigaba al Rey emérito por el uso de tarjetas opacas con dinero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a LA RAZÓN.

Eldiario.es publicó el pasado 3 de noviembre que la Fiscalía Anticorrupción había abierto un año antes unas pesquisas sobre los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban Don Juan Carlos I, la Reina Doña Sofía y algunos de sus nietos. Ninguno ellos aparecía como titular de una cuenta que estaba formalmente a nombre del coronel Nicolás Murga, ayudante de campo de Don Juan Carlos. Este militar del Ejército del Aire fue quien pagó cerca de 1,2 millones de euros, que recibía de una cuenta del millonario mexicano.

Un mes después de conocerse la investigación, Don Juan Carlos I pagó 678.393 euros a Hacienda para regularizar su situación con el fisco y, además, evitar una posible acusación penal por delitos fiscales. En una segunda regularización el Rey emérito pagó otros 4,3 millones de euros por los vuelos y servicios que le sufragó su primo Álvaro de Orleans-Borbón con la Fundación Zagatka.

Condiciones de custodia

Tras publicarse los hechos, Delgado dictó un decreto en el que ordenaba a la Fiscalía Anticorrupción que pusiera en manos de la Fiscalía del Supremo la investigación. Y de forma paralela informaba de que había ordenado incoar “diligencias de naturaleza gubernativa” para “comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes”.

En concreto, la Inspección abrió el 29 de octubre un expediente interno sobre la filtración de este asunto al mismo tiempo que se comunicaron los hechos al Delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General “a los oportunos efectos”.

Sanción disciplinaria

La fiscal general del Estado aseguró a los periodistas justificó la investigación interna al considerar que la institución no podía “permanecer pasiva” ante las filtraciones, que pueden ser objeto de sanción disciplinaria o incluso suponer un delito.

Además, indicó que había que hacer todo lo posible para evitar las filtraciones y consideró necesario que los mecanismos internos de Fiscalía se activaran cuando se producen comportamientos de este tipo, según informó Efe.

Las fuentes consultadas aseguran que la Inspección interrogó al fiscal de Anticorrupción Luis Pastor, quien analizó el uso de las tarjetas opacas en secreto durante más de un año, cuando reclamó a la Fiscalía General del Estado la prórroga de estas pesquisas. La filtración se produjo justo después de que Pastor pidiera más tiempo para estudiar los hechos en los que estaba involucrado Don Juan Carlos I.