La investigación del “caso niñera” se asignará por reparto en los juzgados de Madrid

Las investigaciones a la ministra de Igualdad Irene Montero por el “caso niñera” y al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por el supuesto cobro de costas procesales de un juicio -que decidió abrir el juez Juan José Escalonilla- se asignarán al magistrado que corresponda por riguroso orden de reparto.

Así se establece en una diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia del juzgado de Escalonilla -que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos- en la que niega a la asociación de juristas europeos Prolege, personada como acusación popular en la causa, que ejerza esa misma posición procesal en esos procedimientos independientes que el propio Escalonilla acordó impulsar tras la denuncia de la ex abogada de Podemos Mónica Carmona.

En esa resolución -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-, el secretario judicial traslada a las partes que en cumplimiento de lo acordado por el instructor el pasado día 3 se van a “incoar tres procedimientos independientes” (también se investigarán las donaciones del partido morado a su fundación, el Instituto 25-M) a los que en cada caso se unirá “la documentación aportada” por Carmona sobre esas denuncias. Y adelanta que cuando esos testimonios “se encuentren realizados, foliados y firmados se remitirán a Decanato para su registro y reparto de forma individualizada al juzgado que por turno corresponda”, en función de las normas de reparto de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Esta decisión supone, de hecho, que las distintas acusaciones populares personadas en el “caso Neurona” -entre ellas la propia Prolege, Vox y la ex senadora morada Celia Cánovas- deberán solicitar su personación en cada uno de estos procedimientos una vez se asigne su instrucción al juzgado correspondiente.

“Podrían ser constitutivos de delito”

El juez del “caso Neurona” acordó desglosar en procedimientos separados las investigaciones referentes a tres cuestiones denunciadas por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos: si la ministra de Igualdad recurrió a una trabajadora del partido -actualmente asesora del Ministerio- para cuidar de sus hijos; el presunto cobro por parte de Pablo Iglesias de las costas procesales de un juicio en Pamplona en 2016 y, por último, tanto las donaciones efectuadas por Podemos al Instituto 25-M como la contribución de la fundación a la Escuela Popular Paulo Freire.

Escalonilla justificó su decisión en el hecho de que, aunque algunos de los documentos aportados por Carmona eran ajenos al objeto de la investigación, al tratarse de hechos novedosos “que podrían ser constitutivos de delito”, no cabía “abstraerse de su denuncia devolviendo dichos expedientes” a la testigo, por lo que impulsó su investigación, “si bien en procedimientos independientes”, y no en piezas separadas como pretendía la Fiscalía, en cuyo caso sí hubiera sido el instructor del “caso Neurona” quien se hiciese cargo de los mismos. Pero en ese caso, advirtió el juez, podía producirse una “dilación en la tramitación del presente procedimiento” sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, “que tiene tramitación urgente”.

Carmona denunció a Escalonilla el pasado 20 de enero que Pablo Iglesias e Irene Montero “utilizaron a una persona a sueldo del partido”, Teresa Arévalo, “como cuidadora de sus hijos”, lo que según expuso «además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido”.

Fiscalía no quiere una “auditoría” a Podemos

La Fiscalía se mostró a favor de que tanto el “caso niñera” como el resto de denuncias que puso sobre la mesa la letrada deben investigarse en una pieza separada, y no en el marco del “caso Neurona”, para no convertir la instrucción en “un procedimiento de auditoría de la actuación de un partido político que excede de lo que corresponde a una investigación penal”. De esta forma, se opuso a la pretensión de Podemos de que se rechazase de plano investigar el “caso niñera”, que enmarcó en “cuestiones de índole personal que nada tienen que ver” con el objeto de la causa.

Para la Fiscalía debía esclarecerse si Irene Montero “habría contratado a un miembro del partido como cuidadora de sus hijos”. La ex abogada de Podemos puso en conocimiento del instructor que le había llegado una denuncia interna que apuntaba a que Arévalo había ejercido de «niñera» en 2019 en Alicante durante un mitin. La letrada, según explicó, comprobó que el 20 de octubre de 2019 Montero, su hija y Arévalo viajaron a Alicante, junto a otras personas del partido, «a cargo del presupuesto de campaña de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 de la coalición Unidas Podemos».

Respecto a Pablo Iglesias, ese procedimiento deberá esclarecer a dónde fueron a parar las costas del juicio que se celebró en el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Pamplona tras la demanda de protección de derecho al honor que interpuso Unión del Pueblo Navarro (UPN) contra el ahora vicepresidente y que perdió UPN, siendo condenada al pago de las costas, más de 7.000 euros. Dado que el partido se hacía cargo de los honorarios de la letrada y de la procuradora, se trata de esclarecer quién se quedó ese dinero.

Carmona también denunció a Escalonilla una donación de «una cantidad elevada de dinero para actos de formación» a través de la Fundación 25-M «sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos». Según esa denuncia, desde Podemos y su grupo parlamentario se habrían inyectado casi 300.000 euros.