«Yo con la Borràs facturo unos trapis. Lo jodido es si deja de ser directora»

Conversaciones intervenidas en 2017 pusieron a la diputada en el punto de mira por la supuesta adjudicación a dedo de 18 contratos cuando dirigía un organismo de la Generalitat

La diputada de JxCat Laura Borràs (dcha,), junto al todavía presidente del Parlament, Roger Torrent, al que sustituirá
La diputada de JxCat Laura Borràs (dcha,), junto al todavía presidente del Parlament, Roger Torrent, al que sustituiráQuique GarcíaEFE

La dirección ejecutiva de JxCat ha decidido postular a Laura Borràs para presidir el Parlament en la sesión constitutiva que se celebrará mañana. La formación independentista ha esperado hasta la víspera del primer pleno de la legislatura para decidir y anunciar el nombre de su candidata a la presidencia de la Cámara catalana.

Borràs está actualmente imputada por la supuesta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Este periódico publicó en 2019 conversaciones intervenidas dos años antes con la política independentista como protagonista.

«Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí... lo jodido es si la Borràs deja de ser directora». Quien habla así a su socio el 6 de noviembre de 2017 es Isaías Herrero, a quien según una juez de Barcelona la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs habría adjudicado a dedo entre marzo de 2013 y febrero de 2017 –cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), organismo dependiente de la Generalitat– 18 contratos de programación informática de forma presuntamente irregular por un importe total de 259.863 euros.

Ésta es una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la Ciudad Condal incluye en la pormenorizada exposición razonada remitida al Tribunal Supremo –que por su condición de aforada es el competente para investigarla–, 60 folios en los que tras 17 meses de instrucción, la magistrada Silvia López Mejía veía indicios de la comisión de delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. «Ésta tiene números de ser Gobierno (...) Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre», aventura en la conversación referida Herrero, a quien supuestamente benefició Borràs en base a la «relación personal y profesional» existente entre ellos en la Universidad de Barcelona, donde la actual diputada era la responsable del grupo de investigación de estudios literarios y tecnologías digitales al que pertenecía Herrero, que imparte diferentes másters y postgrados dirigidos todos por Borràs.

En esa exposición razonada –a la que tuvo acceso LA RAZÓN–, la juez de Barcelona concluía que la diputada de JxCat entre 2013 y 2017 «abusando de sus funciones» como directora del ILC y «contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad que como órgano de contratación debía respetar, adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria todos los contratos de programación informática relativos a la página web de dicha institución» a Herrero. Y lo hicieron, subrayaba, «actuando de común acuerdo para defraudar» al ILC mediante el «fraccionamiento ilegal de los mismos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes».

«De común acuerdo»

Todo, añade, con el supuesto objetivo de «beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público» pues «de común acuerdo fijaba los importes de las facturas a las que se adecuarían los presupuestos, para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores» (inferiores a 18.000 euros, para los que no es necesario el concurso público). Y siempre «teniendo pleno conocimiento» de que, al margen de quién fuera formalmente el adjudicatario, el trabajo de infraestructura informática para la web de la ILC «lo cobraba Isaías Herrero».

Según exponía la magistrada en esa resolución, Borràs –actual vocal de la Diputación Permanente del Congreso– participó «material y directamente» en los hechos investigados, pues como directora de la ILC «propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago» de la factura, cuyo pago «autorizó finalmente».

En un correo incluido en la exposición razonada, Borràs confirma a Herrero el 30 de junio de 2014 «que el presupuesto con el que cuenta es de 50.000 euros y le resume en qué forma debería fraccionarse sin perjuicio de matizarle que son líneas generales para que, conociendo las cifras, “tú puedas afinar más a nivel de presupuestos”». Las facturas, por tanto, «se ajustaban teniendo en cuenta estos gastos y no el valor real del servicio prestado», una circunstancia que –recalcaba la instructora– era «plenamente conocida» por Borràs.

En consecuencia, la investigación halló indicios de que los pagos autorizados por la ex diputada del Parlament «no obedecían al pago real y efectivo de los trabajos o servicios realizados» por Herrero, sino «a un continuado acto ilícito de enriquecimiento en favor de éste por parte de aquella, habiéndose concertado ambos para defraudar de este modo a la administración pública».

En una cadena de correos de febrero de 2013, Borràs le pedía a Herrero que le pasase los presupuestos «y hacemos los retoques que sean necesarios». «El presupuesto tiene que quedar detallado –contestaba la entonces directora de la ILC– como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA. si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes es cuando piensan que ha habido una infracción. La cuestión es fraccionar, entonces, cada uno de los conceptos».

Herrero remitía a Borràs los presupuestos «comparsa» que se incorporarían a los expedientes con una característica «esencial»: le indicaba los que «son OK» y «los que no lo son», «como clara indicación de quién debe ser el adjudicatario».