El juez archiva su investigación de los sobresueldos del tesorero y la gerente de Podemos

El juez que investiga el “caso Neurona”, Juan José Escalonilla, ha decidido archivar la investigación que abrió contra el tesorero y la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val Val, respectivamente, por un delito de administración desleal por subirse el sueldo: “Dichos gastos fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia, en el caso de Daniel de Frutos, y por el Área de Gerencia, en el caso de Rocío Esther Val Val. Por lo tanto no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna”, concluye el magistrado en un auto de 11 de marzo al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los sobresueldos de estos empleados de la formación morada los investiga el magistrado Escalonilla después de que el ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente denunciara el cobro presuntamente irregular de complementos salariales, contrarios a la normativa interna de esta formación política. Dichos sobresueldos, cuya legalidad se cuestionaba en la denuncia, eran un complemento de Coordinación, por importe de 210 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros.

Sin embargo, el magistrado destaca que la normativa interna que le fue facilitada por Podemos establece que la gerente tiene la facultad de crear complementos salariales: “Consta acreditado que el Consejo de Coordinación de dicho partido político tuvo conocimiento del gasto de personal correspondiente al año 2019 incluidas la totalidad de las retribuciones devengadas por la gerente Roció Esther Val Val y por el tesorero Daniel de Frutos durante dicho ejercicio, que fueron tomadas en cuenta en el informe sobre ejecución del presupuesto de 2019, que fue elevado al Consejo Ciudadano Estatal, órgano que aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2019 el día 29 de junio de 2020″, completa el magistrado en su resolución.

Por lo tanto, el órgano de dicho partido político encargado de la aprobación del presupuesto del año 2019 aprobó tales complementos salariales implementados por la gerente, prosigue el juez, que concluye: “No se aprecia por tanto la presunta comisión por su parte de un delito de administración desleal”.