La Fiscalía del Supremo pide que se confirmen las condenas a Chaves y Griñán por los Eres de Andalucía

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la confirmación íntegra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó, entre otros, a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a la exministra MagdadelaÁlvarez, por el caso del fraude de derivado del “caso de los ERE”. Griñán fue condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación y otro delito continuado de malversación; mientras que a Chaves se le impuso una condena de 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Si la Sala Penal del Tribunal Supremo confirmase la sentencia implicaría que Griñán tendría que ingresar en prisión, salvo que un más que previsible recurso ante el Tribunal Constitucional dejase en suspenso la ejecución de la pena hasta la resolución del mismo.

De los 22 procesados, sólo fueron absueltos el ex interventor Manuel Gómez y el ex jefe del gabinete jurídico Francisco del Río. La sentencia consideró acreditado que durante dos décadas los gobiernos socialistas fueron responsables del despilfarro de cerca de 700 millones de euros. El fallo apuntaba igualmente al descontrol “absoluto de los fondos” para los Expedientes de Regulación de Empleo.

Sobre Griñán, la sentencia de la Audiencia de Sevilla señalaba que “siendo Consejero de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 31L, en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA”. Y subrayaba: “el encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados. Asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”.

Respecto a Gaspar Zarrías, exconsejero, los magistrados no tuvieron dudas de que era “plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó, conforme a lo anteriormente expuesto”.

Y en la cúspide todo ello aparecía Manuel Chaves como responsable del uso que debía ir destinado a “La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”. “Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía”, concluye.