Neurona pagó a su testaferro con fondos de Podemos de la campaña de 2019

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han concluido que la consultora Neurona logró pagar a su testaferro gracias a una transferencia que recibió días antes procedentes del presupuesto que Podemos destinó a las elecciones de noviembre de 2019, las segundas generales que se votaron ese año en España.

«Cabe señalar las transferencias de 21 y 27 de noviembre de 2019, por 1.512 euros cada una, las cuales pueden ser abonadas gracias a la transferencia que recibe el 20 de noviembre de 2019 de 4.000 euros desde Unidas Podemos, bajo el concepto ‘Unidas Podemos. Generales 10-N de 2019’, puesto que a fecha de dicho ingreso el saldo [de Neurona] era de 1.219 euros», concluyen los agentes en un informe de 3 de noviembre de 2020, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

De esta forma, los pagos de Podemos también abarcarían, según la Policía Judicial, las Elecciones Generales de noviembre de 2019, que se celebraron en España en el mismo año junto a las también generales de abril y las autonómicas de 26 de mayo, que coincidieron con las europeas.

César Hernández Paredes

En el informe los agentes destacan que de los 435.644 euros que ingresó la consultora política Neurona Comunidad, cuyo propietario es el ciudadano mexicano César Hernández Paredes, 425.443 euros se corresponden con ingresos desde distintas cuentas relacionadas con Unidas Podemos.

En concreto, 363.000 euros procedían de la coalición y se destinaron a las elecciones de abril de 2019; 38.720 euros de ambos partidos en la Comunidad de Madrid, cuyos comicios tuvieron lugar el 26 de mayo de 2019; y 5.800 del Grupo Parlamentario en el que participa la formación morada en Bruselas. Los agentes también reseñan en su informe el pago a Neurona de otros 19.723 euros procedentes de Podemos, además de los mencionados 4.000 euros que, según la Policía Judicial, sirvieron para retribuir al administrador de la consultora constituida en España.

En cuanto a los gastos de Neurona, los agentes aseguran que la mayor parte del dinero recibido, 308.257 euros, se transfirió, si mediar ningún contrato por escrito, a la empresa mexicana Creative Advice Interactive Group.

Según el juez de Madrid que investiga el «caso Neurona», Juan José Escalonilla, considera que el contrato de Podemos con Neurona de 363.000 euros «se trató de un contrato simulado, en cuanto a que no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive, vinculada con la sociedad Neurona Consulting.

Archivo de los sobresueldos

Por otra parte, el magistrado ha archivado la investigación que abrió contra el tesorero y la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente, por un delito de administración desleal por subirse el sueldo.

«Dichos gastos fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia, en el caso de Daniel de Frutos, y por el Área de Gerencia, en el caso de Rocío Esther Val. Por lo tanto no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna», concluye el juez en un auto del pasado 11 de marzo.

Denuncia de Calvente

Los sobresueldos de estos empleados de Podemos los investiga el juez Escalonilla después de que el ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente denunciara el cobro presuntamente irregular de complementos salariales, contrarios a la normativa interna de esta formación política. Dichos sobresueldos, cuya legalidad se cuestionaba en la denuncia, eran un complemento de Coordinación, por importe de 210 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros.

Sin embargo, el magistrado destaca que la normativa interna que le fue facilitada por Podemos establece que la gerente tiene la facultad de crear complementos salariales: «Consta acreditado que el Consejo de Coordinación de dicho partido político tuvo conocimiento del gasto de personal correspondiente al año 2019, incluida la totalidad de las retribuciones devengadas por la gerente Roció Esther Val y por el tesorero Daniel de Frutos durante dicho ejercicio, que fueron tomadas en cuenta en el informe sobre ejecución del presupuesto de 2019, que fue elevado al Consejo Ciudadano Estatal, órgano que aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2019 el día 29 de junio de 2020», concluye el magistrado en su resolución.