El juez blinda las declaraciones de Iglesias y Montero sobre el “acoso” de un vecino a su chalet

La defensa de Miguel Frontera, el vecino denunciado por Pablo Iglesias e Irene Montero por un supuesto acoso a su vivienda de Galapagar (Madrid) se ha quejado al juez de Collado Villalba que investiga los hechos de que casi tres meses después sigue sin tener acceso a las declaraciones como testigos del vicepresidente del Gobierno, y sorpresivo candidato a presidir la Comunidad de Madrid, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las que ambos dijeron sentir “miedo” por lo que consideran un “hostigamiento”.

Ambos comparecieron el pasado 28 de diciembre por videoconferencia para ratificar su denuncia contra el investigado, al que atribuyen la comisión de hasta seis delitos y a quien el instructor impuso cautelarmente una orden de alejamiento de la vivienda de 500 metros.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del municipio madrileño investiga a Frontera por delitos de acoso, coacciones, desobediencia a agentes de la autoridad y descubrimiento y revelación de secretos (por los que fue denunciado por Iglesias y Montero) y también por injurias a la autoridad, que le imputa la Fiscalía. Sin embargo, la defensa de los denunciantes intentó sin éxito que se le investigue también por delitos de alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Y es que insiste en que Frontera, además de ser el instigador de las protestas frente a su vivienda, perturbó con las mismas el entorno del Parque Natural de Galapagar “incitando a la desobediencia y creando caos”.

Pero después de solicitar hasta cuatro veces las testificales de Iglesias y Montero, la última el pasado día 9, la abogada de Frontera, Polonia Castellanos, ha remitido un escrito al juzgado en el que reitera su petición y denuncia la supuesta vulneración del derecho de defensa al no facilitarle esa documentación “a pesar de solicitarla constantemente”, algo que considera “consecuencia directa” de la “acción u omisión del juzgado”.

La abogada no entiende tampoco que se permitiera al vicepresidente y la ministra de Igualdad “comparecer telemáticamente” cuando no se le ha permitido a ella cuando lo ha solicitado.

Su abogada, ausente en el examen del móvil

En ese mismo recurso -de reforma y subsidiario de apelación- la letrada también se queja de que, pese a que advirtió al juez de que el pasado día 10 -fecha fijada para examinar el móvil de Frontera para esclarecer si grabó imágenes de la vivienda de Iglesias y Montero- se encontraba en cuarentena por protocolo Covid, ese visionado del video se llevó a cabo.

días después, se le comunicó que se rechazaba suspender la práctica de esa diligencia, “cuando ya ha tenido lugar dicho visionado”. Algo que, en opinión de Castellanos (que aportó al juzgado un informe médico acreditando que debía guardar cuarentena al haber estado en contacto estrecho con un positivo), vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

Pero, además, la defensa de Frontera denuncia igualmente que no se le ha proporcionado aún el escrito de ampliación de la querella por parte de la defensa de Iglesias y Montero ni tampoco copia de las declaraciones de los agentes que forman parte del dispositivo de seguridad alrededor de la vivienda de Galapagar.

No pueden dormir bien

Del mismo modo, añade, se hizo también caso omiso a su petición del pasado febrero reclamando información detallada “del procedimiento por el que se requisó el móvil” a su cliente y aclarando “si existía una orden judicial previa” y “por qué efectivos se requisó”, si se levantó acta y cómo fue la cadena de custodia del terminal y “por quién se ha manipulado”.

En su declaración ante el juez, Iglesias y Montero aseguraron sentir miedo por lo que consideran un “hostigamiento” a su vivienda orquestado por Frontera. El vicepresidente del Gobierno se quejó -según fuentes jurídicas- de las consecuencias de esas protestas para sus tres hijos menores de edad, que tienen que escuchar, dijo, «cómo insultan a su padre».

En cuanto a Irene Montero, declaró que el comportamiento de Frontera (a quien atribuye la grabación de un vídeo de su casa) ha alterado «las rutinas» de sus hijos, que según dijo «a veces se despiertan» por las protestas. Montero explicó que ella misma a veces no puede dormir bien y que eso le afecta incluso en su trabajo. De hecho, llegó a comentar que les ha alterado su modo de vida hasta el punto de que algunas amistades no quieren acudir a su domicilio por este motivo.