La calma que Moncloa esperaba encontrar tardará en llegar todavía. Si bien en el Gobierno, el anuncio de la salida del vicepresidente segundo provocó cierto alivio en el Consejo de Ministros al suponer que se impondría una cierta estabilidad y se rebajaría la crispación latente, todavía queda un mes en el que se continuarán acaeciendo los desencuentros en el seno de la coalición.

En un escenario ya preelectoral, Pablo Iglesias decide poner a prueba por última vez los cimientos de la coalición antes de su salto al escenario autonómico. Si bien en estos quince meses los morados han tensado la cuerda en varias ocasiones, en esta ocasión deciden llevar la tensión hasta el punto máximo e incluso amenazan con tumbar en el Congreso de los Diputados la ley de Vivienda, que debería estar ya aprobada y que ha encallado en fondo y forma por las desavenencias entre la vicepresidencia y el ministerio de Transportes por el contenido de la misma. La regulación de los alquileres, aspecto firmado en el acuerdo de coalición por ambos partidos, es la causa que separa a ambos partidos.

El vicepresidente eleva el que será su último órdago con el PSOE antes de que sea su sucesora la actual ministra de Trabajo Yolanda Díaz la que pase a despachar directamente con el presidente del Gobierno en su calidad de vicepresidenta tercera. Precisamente, es expreso deseo de Iglesias aprobar la ley de Vivienda antes de que deje su cargo gubernamental, una manera también de encumbrar su campaña electoral para explicarlo como un logro al que se llega por la presión de los morados en el Ejecutivo. Sin embargo, a día de hoy las posturas se antojan irreconciliables.

El PSOE ofreció el miércoles una propuesta a los morados que no se salda con la limitación de las rentas como pedían, sino con un sistema de bonificaciones para los propietarios que accedan a rebajar sus alquileres a los inquilinos. Para Unidas Podemos eso es «incumplir flagrantemente el acuerdo de coalición» y avisan, incluso de que de llevarla a cabo, dejarán solo al Gobierno en el Congreso, lo que obligará a los socialistas a buscar el apoyo parlamentario del PP. Y es que la negativa del socio minoritario de Gobierno no será el único problema al que se enfrente el PSOE sino también en el Congreso, pues ERC y Bildu han exigido ya que solo convalidarán la normativa que lleve explícita la exigencia que propone Iglesias.

“Lo que se firma, se cumple”

Estos avisos llegaron de manera casi simultánea por parte del vicepresidente y de la ministra de Igualdad, que no dudaron tampoco en criticar al PSOE por «faltar el respeto» a la gente. Durante la firma del vicepresidente con la patronal y sindicatos sobre el Plan de choque para la Dependencia, Iglesias advirtió que no consentirá que la promesa de regular los alquileres no se cumpla. «Quiero ser cristalino», manifestó para después recordar a los socialistas que el acuerdo de Gobierno «está para cumplirse». La vivienda «no es sólo un bien de mercado, es un derecho. Y lo que se firma, se cumple», avisó.

La parte socialista confía todavía en llegar a un acuerdo, aunque ve poco margen y avalan la propuesta del ministro de Transportes José Luis Ábalos De hecho, el equipo económico liderado por la vicepresidenta tercera Nadia Calviño y la ministra de Hacienda María Jesús Montero defienden que «es una propuesta razonable para cumplir el acuerdo». Calviño pidió así dejar atrás «los eslóganes» para fijarse en las «sustancias». En cuanto a una posibilidad de ruptura de la coalición, debido a la línea roja que supone para los morados el cumplimiento íntegro del acuerdo del gobierno en este sentido, la vicepresidenta primera Carmen Calvo lo descarta y niega que los socialistas incumplan el acuerdo, pero pliega las alas de los morados a sus exigencias, asegurando que han presentado una opción para dar cumplimiento al pacto. «Cumplir los acuerdos es sentarnos a trabajar sobre los contenidos. Eso es estar cumpliéndolos», zanjó.