El Gobierno convierte la sala de prensa de Moncloa en un plató electoral

María Jesús Montero ataca a Ayuso por convocar unos comicios “gratuitos” por “interés partidista”

No es una novedad que el Gobierno tiene problemas para discriminar el ámbito institucional del ámbito de partido cuando se convocan elecciones. Son reincidentes. La Junta Electoral Central ha multado en varias ocasiones a miembros del Ejecutivo por utilizar en campaña y para sus intereses partidistas el altavoz institucional que les proporciona el Consejo de Ministros. El último ha sido Pablo Iglesias, que utilizó su despacho en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para lanzar el anuncio de su candidatura a la Comunidad de Madrid.

Pero no ha sido el único, el propio Pedro Sánchez tuvo que pagar una cuantía simbólica de 500 euros por protagonizar una entrevista como candidato en 2019 desde las dependencias el Palacio de La Moncloa. También su entonces portavoz, Isabel Celaá fue apercibida por realizar soflamas electoralistas en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, una estela que ha seguido hoy su predecesora María Jesús Montero.

Desde ese mismo foro, la también ministra de Hacienda ha abogado por que “las urnas de Madrid alumbren un gobierno progresista” el próximo 4 de mayo, un “gobierno dedicado al combate del virus” que permita “remar todos en la misma dirección”. Una referencia velada a la actitud obstruccionista que consideran que ha adoptado la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia.

No ha sido el único mensaje dirigido a Isabel Díaz Ayuso, a quien desde Moncloa se ha acusado de promover una “convocatoria electoral gratuita” por “intereses partidistas y electoralistas” que nada tiene que ver con otros comicios como los que se celebraron en pandemia en Cataluña, País Vasco y Galicia, porque “tocaban” o forzados por las circunstancias judiciales.

Montero ha valorado que son situaciones “radicalmente distintas” y que “en nada se parecen” porque Ayuso presumía días antes de tener “un gobierno que cooperaba, unido y estable y no había ningún elemento que provocara una crisis de gobierno”. Esto en contraposición a la inhabilitación de Quim Torra en Cataluña o al aplazamiento electoral que se produjo en País Vasco y Galicia.