Los Franco reclaman información y acceso a las obras iniciadas en Meirás por el Gobierno

La familia Franco, que “ha tenido conocimiento” de unas obras iniciadas por el Gobierno en el Pazo de Meirás, solicita al juzgado que le remita “toda la información de la que disponga” para determinar la necesidad de acometer esos trabajos -por importe de 398.000 euros-, además de permitir el acceso de técnicos enviados en su nombre para revisarlos.

Mediante un escrito presentado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, los herederos de Franco aseguran que según la nota de prensa publicada por el Ministerio de Hacienda el día 16 de marzo, se trataría de obras tan “urgentes” y necesarias que precisan de la “declaración de emergencia”. Trabajos que suponen se están desarrollando en la “edificación principal”, conocida como la “Casa Palacio”.

Recuerdan los Franco que se el Pazo de Meirás es un bien en litigio, pues la sentencia inicial en su contra “no es firme” ni tampoco la que dictó la Audiencia Provincial de La Coruña tras el recurso que presentaron, y alegan que son gastos “que puede que ellos tengan que acabar soportando en su esfera patrimonial”.

La familia Franco solicita que la justificación de la necesidad de los trabajos y de su coste se haga extensiva “tanto a lo que ya se haya contratado/ejecutado o proyectado contratar/ejecutar como a lo que, en lo sucesivo y en tanto el inmueble sea poseído por la demandante sin que exista resolución judicial firme, decida o proyecte contratar/ejecutar”. Reclama un plazo de al menos 15 días desde la recepción de la documentación y la información para designar técnicos que inspeccionen las partes sobre las que se han proyectado obras y así “poder formarse una opinión fundada” y que “se permita el acceso” a estos técnicos.

Esgrimen que “el motivo” de lo que se solicita “no es confrontar” con el Estado “sobre qué clase de obras puede ejecutar en el inmueble o en qué gastos puede/debe incurrir”, sino considerar que “existe la posibilidad” de que los Franco “recuperen en su día el inmueble y que, de ser el caso, deban afrontar el reembolso de los ‘gastos necesarios’ en los que la [parte] actora haya incurrido”. El interés principal es “poder evaluar si efectivamente” es real la necesidad del desembolso y “ponderar, en su caso, la proporcionalidad de su importe”.

Firman el escrito los letrados Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil Evangelista, que llevan el caso desde el juicio celebrado este verano en La Coruña.