Vox recurre la Ley Celáa ante el TC por “sectaria y excluyente”

Solicitan que se declare nula la norma y de no ser así, se eliminen los artículos que hacen referencia a la educación especial, la concertada, la diferenciada o el ataque contra la religión y el castellano

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Vox ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Celáa y ha solicitado que la estime y declare la inconstitucionalidad y nulidad de la norma.

El grupo parlamentario, representado por el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, la secretaria general del grupo, Macarena Olona y la vicesecretaria jurídica Marta Castro asi como la portavoz de Vox en educación, Georgina Trías han denunciado durante la tramitación de la ley que “no solo han dejado de oírse en ambas Cámaras legislativas a los colectivos afectados, también a los expertos en materia educativa”.

Los de Abascal habían prometido que recurrirían la Ley y presentan no solo el recurso contra la parte “más sectaria” de la norma -enseñanza concertada, educación religiosa, educación diferenciada, centros de educación especial- sino contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.

Suprimir la norma o sus artículos

A las puertas del TC, Olona destacó que a la “ausencia de garantías democráticas” durante su tramitación, faltaron informes consultivos del Consejo de Estado y el Consejo Escolar.

Si esa nulidad íntegra fuese desestimada, Vox pide que se supriman los artículos sobre la educación concertada por “suprimir el criterio de demanda social” en la programación de plazas financiadas con dinero público.

Solicitan la nulidad del apartado que la Ley Celáa hace sobre educación especial por fijar un plazo de diez años para suprimir progresivamente los centros concertados especializados en la atención al alumnado. Olona indicó también que la opción pedagógica de la educación diferenciada por sexos sí es constitucional, por lo que no puede tener diferenciación en la financiación pública

El recurso también atañe a la asignatura de religión, que “se suprime” porque “se impone la ideología de género y la educación afectiva-sexual como principios de todo el sistema educativo”.

También destacan que se reconozca la inconstitucionalidad en la redacción que confiere a la exclusión del castellano como lengua vehicular.