La Abogacía del Estado avala indultar a los presos del ‘procés’ por malversación

La Abogacía del Estado no dudó en solicitar que los principales enjuiciados por el referéndum ilegal del 1-O fuesen condenados por el delito de sedición y no sólo por malversación. Una calificación que determinó el relevo de quien representaba hasta entonces a los Servicios Jurídicos del Estado, Edmundo Bal, el cual apoyaba la acusación por rebelión. Sin embargo, ahora, la Abogacía permanece en silencio ante la solicitud de indulto para los nueve condenados por sedición y los tres por desobediencia y sólo expresa su sentir respecto al delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, además de por el delito de sedición.

Centrándose así en los condenados por sedición en concurso ideal con el de malversación de caudales públicos, es decir, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la Abogacía del Estado destaca que han afianzado y reparado el daño derivado del citado delito, por lo que, el fondo, viene a avalar que se le indulte de las penas que conlleva el mismo, aunque la sentencia les impuso una pena única y no separada por cada delito.

En este punto, toma como elemento central el citado informe del Tribunal de Cuentas, para llegar a una decisión que vendría a justificar que el «daño» al Estado, en concreto a la Hacienda Pública, se habría reparado. «Ese afianzamiento –de los 4.1 millones a los que aludía el órgano fiscalizador y que sería el perjuicio causado al erario público– constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública. Y todo ello sin perjuicio del posterior desarrollo del proceso de reintegro por alcance que, con carácter jurisdiccional, vaya a celebrarse ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas».

De esta forma, los Servicios Jurídicos del Estado dejan de lado todo lo relativo a la sedición, pese a que durante el juicio acusó y fueron condenados también la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.El motivo que esgrime en su informe remitido a la Sala Penal del Tribunal Supremo es que el «la parte ofendida» en esta causa a la que representa es la Administración General del Estado-Ministerio de Hacienda», por lo su dictamen se centra exclusivamente en determinar si el daño económico causado a la Hacienda Pública por el referéndum ilegal ha sido ya reparado, sin entrar en nada relativo al delito de rebelión y desobediencia ni a los condenados por los mismos.

Lo anterior lo justifica la Abogacía en que se personó en la causa como acusación particular por «los posibles perjuicios a los derechos de la Hacienda Pública estatal que se habrían producido en relación con los acontecimientos ocurridos en Cataluña entre julio y octubre de 2017, perjuicios derivados tanto de los fondos de carácter estatal que integraban los diferentes mecanismos de financiación de la Comunidad Autónoma catalana».

Último trámite

Por ello, sostiene que no corresponde a la Subsecretaría de Hacienda ni a esta Abogacía del Estado en su representación, en cuanto órganos de la propia Administración General del Estado, «manifestarse sobre la Justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia, pudiendo entenderse en el caso de hacerlo que con ello se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete». De esta forma, se centra exclusivamente en lo relativo a la malversación de caudales y a los cuatro condenado por ese delito.

En este punto, la Abogacía del Estado se basa en el informe que el Tribunal de Cuentas remitió al Tribunal Semana donde se acredita, tal como informó LA RAZÓN el pasado día 18, que los condenados habían afianzado los 4,1 millones de euros que gastó la Generalitat para diversos actos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Esos gastos derivaron de distintas acciones realizadas por Diplocat en el extranjero, para buscar una imagen favorable al 1-O y por las delegaciones de Cataluña fuera de España, es decir, por las «embajadas», también con ese mismo fin.

Ahora, una vez se pronuncie la Sala Penal del Supremo ya solo quedará el último paso y se remitirán los tres informes –Fiscalía, Abogacía y tribunal– al Ministerio de Justicia para que realice su propuesta sobre los indultos para los condenados del «Procés».