Piden imputar a Pablo Iglesias en el “caso Dina”

La acusación popular de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege ha reclamado al magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Dina” que cite a declarar como investigado a Pablo Iglesias, según consta en un escrito de 30 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En concreto, esta asociación considera que Iglesias debe comparecer como investigado en la Audiencia Nacional “por faltar a la verdad, con conocimiento de su falsedad”, durante su declaración en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cuando fue llamado como testigo el 27 de marzo de 2019, “al mantener la versión de que existía una trama policial que actuaba de manera ilegal en connivencia medios de comunicación para publicar informaciones falsas entre otras con el objetivo consumado de ‘perjudicarles’ en un preciso momento ‘sensible políticamente”, completa el escrito.

Sin embargo, “lo que realmente ocurrió”, asegura Pro Lege, “es que Pablo Iglesias sabía y así lo manifestó, según la testifical de su ex asesor jurídico Jose Manuel Calvente, [...] que las publicaciones eran fruto de filtraciones de personas del propio partido llegando incluso a crear una estrategia para utilizar este hecho y mostrarse como víctima mediática de las ‘cloacas del Estado”.

Dos delitos

Además, esta asociación recuerda que el 7 de octubre de 202o el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción que investiga el “caso Villarejo” y la pieza separada denominada “Dina”, elevó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada en la que atribuía a Iglesias la participación en los delitos de revelación de secretos y daños informáticos, por lo que reclamaba su declaración como investigado.

Pero al decaer la condición de aforado tras su dimisión como diputado y vicepresidente segundo del Gobierno esta asociación de juristas considera que “el instructor puede acordar la práctica de la diligencia de investigación interesada por esta acusación”.

El mismo 30 de marzo en el Pro Lege presentó la petición, el Juzgado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que diera su opinión sobre la comparecencia del ex vicepresidente del Gobierno, según consta en una Diligencia de Ordenación del Letrado del Juzgado de García Castellón.