El PP denuncia a la directora de la Guardia Civil y al secretario de Estado de Seguridad por el cese de Pérez de los Cobos

Les atribuyen un delito de prevaricación y destaca que el cese del coronel fue “manifiestamente ilegal”

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez FOTO: Reduan Dris EFE

El Partido Popular ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Madrid contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, por un delito de prevaricación debido al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos que fue anulado por un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional -y que además, el coronel pedirá que se le restablezca en su cargo-

En el escrito sostiene que, “sin ningún género de dudas, la motivación que sustenta dicho acto administrativo - la del cese del coronel- resulta manifiestamente ilegal”. El PP hace referencia en su escrito al cese de Pérez de los Cobos en pleno estado de alarma decretado por el Covid-19, y que se recogió en la resolución de 24 de mayo de la directora de la Guardia Civil, y que firma el secretario de Estado, por pérdida de confianza y “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”.

Contrario a la Ley

Además, el partido que lidera Pablo Casado subraya que el comportamiento que se le solicitó a Pérez de los Cobos es contrario a la Ley. Recuerda que, los responsables del Ministerio del Interior, “eran conscientes tanto del deber general de reserva como de la orden expresa de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones” decretadas por el Juzgado de instrucción número 51 de Madrid y por tanto, de la “ilicitud del comportamiento exigido” al coronel.

El PP considera que el “cese fulminante viene a encubrir una sanción” por cumplir el coronel con lo que le había ordenado la juez de Madrid. “Sanción que en ningún caso se hubiera podido producir a consecuencia de un expediente disciplinario como hubiera sido preceptivo, y ello porque no se hubiera podido sostener un procedimiento disciplinario sobre el incumplimiento de un pretendido acto ilegal”.