El Gobierno no descarta ampliar el estado de alarma

El Gobierno lleva días emitiendo señales a baja intensidad sobre su deseo de no tener que prorrogar el estado de alarma más allá de la fecha de vencimiento del 9 de mayo. Una voluntad que, sin embargo, adquirió condición de oficialidad en el momento en el que el presidente del Gobierno lo verbalizó en una comparecencia la semana pasada. Un anuncio que generó una reacción en cadena de las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, demandando un mayor margen de maniobra para rearmarse legalmente contra el virus ante el nuevo horizonte de vacío legal que se abría.

Moncloa ya tenía la foto que buscaba. Le servirá en el futuro para presionar a Pablo Casado con su propio poder territorial para que apoye una eventual prórroga, si fuera necesario. El Ejecutivo se comprometió hace un año a alumbrar una alternativa jurídica al artículo 116 de la Constitución para no tener que recurrir sistemáticamente a la excepcionalidad en la crisis sanitaria. La puesta en marcha de este «plan B» se pactó con ERC y Ciudadanos, lo que garantizaba su aprobación, pero la falta de voluntad política impidió que prosperase.

Durante estos meses de «impasse», el Gobierno ha defendido continuamente que el estado de alarma se ha demostrado la mejor y más eficaz herramienta para vencer al virus. No ocultan tampoco que, en caso de la evolución de la pandemia lo requiriera, el marco constitucional –para limitar derechos fundamentales– es más garantista que la legislación ordinaria, aunque ahora se defienda públicamente que esta es suficiente para pilotar la desescalada. Sin embargo, en Moncloa comienza ya a visualizarse un claro paso atrás respecto a los deseos iniciales. La voluntad de no tener que prorrogar el estado de alarma es meramente eso, un deseo, y se sustenta, principalmente, en el avance de la vacunación, que según las previsiones del Gobierno, debería adquirir velocidad de crucero en este mes de abril con la llegada de las monodosis de Janssen.

Desde el Ejecutivo reconocen que lo que Sánchez expresó fue una «intención» y que habrá que esperar al 9 de mayo para «valorar la situación». En este punto, el Gobierno vuelve a apoyarse en el criterio de los «expertos» para tomar una decisión y niegan que este paso atrás tenga que ver con las presiones que están recibiendo por parte de las regiones. El último en sumarse a la petición de prórroga del estado de alarma ha sido el lendakari Íñigo Urkullu, socio preferente de Moncloa. Este llamamiento del líder vasco no es baladí, porque otro de los principales motivos para rechazar una nueva ampliación de la excepcionalidad es que esta se tendría que avalar en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno aprobó una única prórroga de seis meses –de octubre hasta mayo– para evitar, precisamente el vía crucis parlamentario que tuvo que sufrir durante el primer periodo de vigencia del estado de alarma, en el que acusó el desgaste de negociar cada 15 días. Ahora, sumar apoyos se antoja, si cabe, más complicado en pleno escenario electoral en la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos se juega su supervivencia e intenta marcar distancias con el Gobierno, y con la formación del Govern bloqueada en Cataluña.

«Precipitado»

Es precisamente esta coyuntura electoral, en la que se encuadran las palabras de Sánchez, anticipando el fin de la excepcionalidad, la que no pasa inadvertida para los interlocutores con los que se ha puesto en contacto LA RAZÓN. Incluso desde el propio PSOE, algunas comunidades socialistas califican de «precipitado» el anuncio y ven en él cierto electoralismo del presidente del Gobierno, que ha entrado de lleno en la campaña para el 4-M, confrontando con Ayuso. Aprecian en esta negativa a querer prorrogar el estado de alarma un intento de desactivar el discurso de la presidenta madrileña de «libertad» ante las restricciones impuestas en la región, contra las que ha sido especialmente beligerante.

Por el contrario, en Moncloa exhiben la reacción airada e inmediata de los barones populares –desde Núñez Feijóo hasta Juanma Moreno– clamando por el mantenimiento de la excepcionalidad, como una baza para presionar al PP en el Congreso. En la última votación del estado de alarma los populares se abstuvieron, a pesar de que el clamor entre sus feudos, para que se volviera a unificar el criterio desde el Estado, era idéntico. Ahora, como entonces, desde Moncloa piden «corresponsabilidad» a los partidos con representación en el Congreso que gobiernan en estas regiones, para que apoyen con sus votos en la Cámara Baja lo que demandan desde sus ejecutivos autonómicos.