La UE citará a los jueces que denuncian la mordaza de Sánchez

La rebelión de prácticamente la mitad de los jueces contra las reformas legislativas del Gobierno de Sánchez coloca en un serio aprieto al Ejecutivo de coalición, con posibles graves daños para los intereses del Estado español.

El coste reputacional ya es de por sí inevitable, pero el proceso que se abre podría llevar, en el peor de los escenarios, a que se active al artículo 7 del Tratado de Lisboa contra España por esta denuncia de «ataques contra el Estado de Derecho».

Si así se considera, conlleva la pérdida de ayudas o incluso del voto en el seno del Consejo Europeo. También puede provocar que se nos aplique, por otra vía, el llamado «mecanismo del Estado de Derecho», cláusula prevista en la condicionalidad para recibir los fondos de reconstrucción. Justamente este miércoles se pronunciará sobre su constitucionalidad el letrado del Tribunal Europeo de Justicia, a petición de Hungría y Polonia.

De momento, los jueces que han llamado a la puerta europea para desmontar las reformas del Gobierno de coalición no han dado puntada sin hilo y se han asesorado bien antes de recurrir a Bruselas, según confirman a este diario fuentes parlamentarias de la Unión. Hicieron gestiones en el ámbito diplomático y allí es donde recibieron el consejo de que se dirigiesen directamente, y no a través de los políticos, a las instancias comunitarias. El mismo camino que siguieron los jueces del Tribunal Supremo de Polonia y que ha llevado a que a este país, igual que a Hungría, se le abra el procedimiento para aplicar el citado artículo 7 del Tratado. Y por la misma razón por la que se quejan los jueces españoles, por presuntos ataques a la independencia del Poder Judicial.

El proceso lleva su tiempo, pero ya se puede anticipar que una representación de los jueces españoles que amparan el escrito de queja será llamada ante el Parlamento Europeo para que informe en Pleno de su queja. Presencialmente, con lo que el ruido mediático y político seguirá dañando la imagen del Estado español en un momento en el que la recuperación exige de generar confianza en la inversión y en la seguridad jurídica del país.

La petición de comparecencia ante el Parlamento de la UE la formalizarán, al menos, el PP y Ciudadanos. También los jueces polacos fueron escuchados en la Eurocámara.

Han sido más de 2.500 jueces los que se han dirigido a la UE por la «violación del Estado de Derecho» en España. El escrito lo firman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).

En su escrito a la Vicepresidenta de la UE solicitan que se aplique contra España el reglamento y que se inicie un procedimiento por la reforma impulsada por los partidos del Gobierno de coalición que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La denuncia también la hacen llegar al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con la advertencia de que existe un serio riesgo de violación grave del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que afectan, a su juicio, a la independencia del Poder Judicial. La segunda asociación en número de miembros, y de tendencia progresista, Jueces para la Democracia no secunda el escrito, y se remite a la importancia de renovar el Poder Judicial.

Este pulso sobre la renovación del CGPJ entre Gobierno y principal partido de la oposición es lo que está de fondo de una «guerra» que llega a Bruselas en un momento especialmente delicado porque las instancias comunitarias cada vez están más en alerta por las consecuencias del populismo, «i-liberalismo» lo llaman en Europa.

Mañana emitirá dictamen el letrado del Tribunal de Justicia Europeo sobre si la aplicación del «mecanismo del Estado de Derecho» es constitucional. El pronunciamiento del letrado suele ser respetado, a posteriori, por los jueces del tribunal en más del 80 por ciento de los casos.

La sanción y la decisión de retirar las ayudas a un país por violación de la independencia judicial la puede tomar la Comisión, que es quien aplicó el artículo 7 a Polonia, o el propio Parlamento Europeo, que es quien actuó en el caso húngaro. Antes se escucharán siempre las alegaciones del Estado español.

La despolitización del CGPJ es la eterna promesa incumplida por todos los partidos que han tenido capacidad legislativa para promoverla. Siempre está en los programas electorales, pero luego «muere» cuando el partido llega al Gobierno. En la actualidad, la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces está congelada, y la participación de Unidas Podemos en el reparto de sillones es la causa principal, en teoría, de la falta de entendimiento entre Gobierno y principal partido de la oposición.

Ante esto, el Ejecutivo de coalición decidió tirar por la calle de en medio y el Pleno del Congreso dio luz verde a principios de marzo a la reforma que quita competencias al Poder Judicial en funciones. Con el voto en contra del PP, de Ciudadanos y de Vox.

La reforma restringe la capacidad del CGPJ de hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato ya caducado.

Expertos han denunciado que la reforma del Poder Judicial va contra la Constitución y contra el equilibrio de poderes. Y la propia Asociación Europea de Jueces ha manifestado en las últimas semanas su preocupación por la reforma del CGPJ: «Es un paso atrás en la independencia del Poder Judicial».