Bruselas enviará una misión para escuchar a los jueces españoles

La Comisión Europea visitará España a finales de este mes para estudiar el Respeto al Estado de Derecho en nuestro país y aprovechará su desplazamiento para entrevistarse con las asociaciones de jueces. Algo que hará después de que más de 2.500 magistrados enviaran una misiva a la Comisión Europea en la que alertaban del riesgo de «violación grave» del Estado de Derecho debido a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo comunitario recalcó ayer que esta misión a España ya había sido planeada con anterioridad a esta misiva, ya que los funcionarios comunitarios deben visitar todos los países europeos para confeccionar su informe anual sobre esta materia, inaugurado en septiembre de 2020. En su primer dictamen sobre nuestro país, el Ejecutivo comunitario ya mostró su preocupación por el bloqueo en el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces y los vínculos entre el Gobierno y la Fiscalía.

A pesar de que Bruselas ha urgido desde entonces a la renovación de los miembros del CGPJ, la Comisión Europea ha mostrado en varias ocasiones su oposición a las medidas planteadas por el Gobierno de Sánchez para superar el bloqueo, pero «garantizando al mismo tiempo que el CGPJ no se perciba como vulnerable a la politización».

De hecho, los portavoces comunitarios volvieron a recordar ayer al Ejecutivo español la necesidad de negociar con todos los actores a la hora de plantear una reforma de este calado y le recomendaron acudir a la Comisión de Venecia (órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa) para recibir asesoramiento en un asunto que es tan sensible.

Bruselas trabaja ya en la segunda edición de su informe sobre el Estado de derecho en los Veintisiete, prevista para el último trimestre de este año, y es en ese marco en el que sitúa toda la información relevante sobre la reforma del CGPJ.

La misiva de seis páginas enviada a las autoridades europeas ha sido respaldada por tres de las cuatro asociaciones de jueces más importantes. Tan sólo Juezas y Jueces para la Democracia no se ha adherido a este texto. La carta solicita la intervención de Bruselas ante lo que estas asociaciones consideran un menoscabo de la independencia judicial e incluso piden al Ejecutivo comunitario la activación del artículo 7, un procedimiento que hasta el momento sólo ha entrado en vigor en el caso de Polonia y Hungría. Este artículo puede derivar en última instancia en la pérdida del derecho a voto en el Consejo para aquellos países que pongan en peligro los derechos fundamentales.

Según explicaban las asociaciones, no han tenido más remedio que recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento su inquietud ante el «actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España, aun sabiendo que sólo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización interna» y a instarle a «una actuación en garantía del Estado de Derecho en España, como valor fundamental de la UE».

«Ignora las recomendaciones»

Y añadían que, a pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, «se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ que se adecúe a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE –por elección de los propios jueces entre sus iguales–, se camina en la dirección opuesta».