Iglesias acusó al vecino investigado por acoso a su vivienda de querer “desalojarle” de España

En la ampliación de la denuncia contra Miguel Frontera presentada el pasado diciembre en los juzgados de Collado Villalba (Madrid), la defensa de Pablo Iglesias e Irene Montero acusa al vecino de Galapagar de estar «hostigando» su viviendacon la finalidad de «desalojar de España al vicepresidente y su familia».

En ese escrito,la abogada del líder de Podemos se quejaba de que el investigado -sobre el que pesa una orden judicial de alejamiento de la vivienda de 500 metros desde el pasado diciembre- seguía «merodeando y acosando» a Iglesias. Y para demostrarlo aportaba al instructor cuatro vídeos (de noviembre y diciembre del pasado año) en los que, señalaban, se «burla del dispositivo de seguridad», «se opone a las instrucciones de los agentes que le pidan que salga del perímetro» y, por último, por jactarse en las inmediaciones de la vivienda (en un vídeo subido al canal Youtube) de estar «enfrente de la casa del bolivariano comunista».

Las últimas imágenes a las que hacía referencia la defensa del líder de Podemos aludían a que seguía «molestando en los alrededores de la vivienda» utilizando «la chanza y la sorna» con los agentes «para pasar el perímetro de seguridad porque le apetece».

Para la letrada ese «hostigamiento constante» a la vivienda de Iglesias y Montero -que Frontera niega- lo que conseguía era «perturbar su intimidad y vida privada» desde el 15 de mayo del pasado año, «sin que nada le detenga en su fin de perturbar la paz y la intimidad de la familia». Algo que, denunciaba, constituye «una serie de flagrantes vulneraciones de derechos constitucionales».

La ampliación de la denuncia se justificaba en que el investigado, pese a la interposición de la querella inicial, seguía desplazándose «cada día a la casa de Iglesias» –se quejaba su defensa– «con la férrea voluntad de perturbar» al entonces vicepresidente.

“Un padre en protección de sus hijos menores”

«Nada le va a detener», aseguraba. «Ni las sanciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni la investigación judicial, ni la voluntad de un padre en protección de sus hijos menores». Precisamente, la abogada hacía especial hincapié en «la existencia de los tres hijos de corta edad en el domicilio particular» del líder morado y la ministra de Igualdad, «que no tienen por qué soportar esta actuación que alcanza la intolerable cifra de tres meses».

La letrada solicitaba entonces al instructor de la causa que citase a declarar a Frontera (como así ocurrió) y que le advirtiese expresamente de que si no acudía a la cita judicial sin una causa justificada la orden de comparecencia podía convertirse «en orden de detención».

La defensa del matrimonio solicitó al juez que imputara también a Frontera un «grave» delito medioambiental por «atronar y perturbar el entorno del Parque Natural de Galapagar» con unos «altavoces de gran tamaño» con los que reproduciría música «a un elevado volumen». Algo que consideraba «de máxima importancia y gravedad por afectar al entorno».

El instructor, sin embargo, no vio indicios de la comisión de este delito y rechazo esa pretensión.