Estreno

La ministra Ione Belarra acusa a la Iglesia de ser “cómplice” de los abusos a niños

El Congreso aprueba la primera ley contra la violencia a la infancia con amplio consenso. La titular de Derechos Sociales pide que acabe la violencia contra los niños. “No es aceptable en ninguna de sus formas”

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante una sesión plenaria, a 14 de abril de 2021, en el Congreso de los Diputados
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante una sesión plenaria, a 14 de abril de 2021, en el Congreso de los DiputadosEUROPA PRESS/E. Parra. POOL

La nueva ministra de Derechos Sociales se ha estrenado hoy en el Congreso de los Diputados en la defensa de la ley de protección a la infancia que se ha aprobado hoy en la Cámara Baja con un gran consenso entre los grupos parlamentarios, al contar solo con el “no” del PNV y de Vox y la abstención de Bildu. PP y Ciudadanos dieron su sí después de presentar una enmienda pactada.

Si bien este martes se estrenó como ministra en el Senado anunciando la llegada inmediata a Canarias de 30 millones de euros enmarcados en el plan de lucha contra la pobreza en el archipiélago. Un estreno con el que recabó el éxito en la Cámara Alta, hoy, desde la Tribuna del Congreso de los Diputados ha enarbolado un discurso con el que se ha ganado las críticas de la oposición. Ione Belarra ha defendido la mencionada ley acusando a la Iglesia católica de ser “cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños”. “Hay que decir que la Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país, encubriendo la violencia sexual hacia los niños”.

Para la ministra de Derechos Sociales detrás de esta afirmación hay historias que ratifican su versión, como, ha dicho, la de Emiliano, “que con 10 años sufrió agresiones sexuales de un sacerdote en el seminario donde estudiaba interno”. Así ha defendido la importancia de esta ley “por Emiliano y por todos los niños que han sufrido abusos a manos de sacerdotes”. Unas referencias que han levantado a la bancada popular entre críticas, mientras que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido “silencio” y ha llamado la atención a las diputadas populares Margarita Prohens y Macarena Montesinos de Miguel por sus críticas.

En su discurso, Belarra ha invitado a los menores de edad a “pedir ayuda” si “alguien les hace daño” ya sea en el ámbito educacional o en el hogar. “Ninguna persona tiene derecho a violentaros, a agrediros, a haceros daño”, ha subrayado. “Nada de lo que os haya pasado es vuestra culpa, pedid ayuda porque alguien va a ayudaros”, ha añadido.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias fue el impulsor de la norma durante su estancia en Moncloa y ha salido a defender a la ministra Ione Belarra en sus redes sociales. A su juicio, “aunque al PP y a sus aliados ultras les moleste, hay que decir la verdad. Hacemos una ley para proteger a los niños y niñas también de la violencia y abusos que han padecido a manos de repugnantes jerarcas eclesiásticos a los que, demasiadas veces, la Iglesia Católica protegió”.

La ley Rhodes

La norma ha llegado al pleno del Congreso de los Diputados después de la negociación de una enmienda entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Cs, Bildu, Grupo Plural, BNG, ERC y Más País y eleva cinco años más la edad de la víctima desde la que se contará la prescripción de los delitos de abusos sexuales, que hasta ahora estaba fijada en los 18 años. El texto refuerza el derecho del niño a ser informado y escuchado en los procesos administrativos y judiciales así como a poder formular denuncia de manera directa y personal. Fuera de la ley se queda, sin embargo, la propuesta de los morados de no permitir la participación de los menores en espectáculos y escuelas taurinas a menores, así como que en el caso de los desahucios, se ofrezca a los niños soluciones habitacionales.

Además, se ha dotado a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.