Sánchez y Urkullu cierran la transferencia de prisiones para el País Vasco

El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con lo prometido con el lendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu y cierra la transferencia de prisiones para el País Vasco.

Era una reclamación histórica de los nacionalistas y, en plena estrategia del fin de la dispersión y aumento de beneficios penitenciarios para los presos de la banda terrorista ETA, los de Urkullu habían acordado el pasado 30 de diciembre con el Ejecutivo un «borrador» sobre la transferencia de prisiones.

El PNV insistía en su idea de poner en marcha un «modelo penitenciario» propio a partir de la «coordinación» con la legislación penitenciaria española del que se aprovecharían los presos de ETA que a lo largo de los dos últimos años han sido acercados a cárceles próximas del País Vasco por el Ejecutivo central y que reclaman ser ubicados en las tres prisiones vascas.

Con dicho compromiso, Urkullu ha conseguido salvar el clima electoral en Madrid y que el Gobierno central se avenga a cerrar ya, de manera inminente, su reclamación histórica y otras competencias pendientes al País Vasco. El Gobierno vasco acordó cerrar de manera definitiva dicho traspaso el próximo 10 de mayo. Figuran, de los 30 competencias para completar el Estatuto de Guernica ahora se llevarán a cabo el primer bloque de esas transferencias en las que figura una de las más polémicas.

Será en la Comisión Mixta donde se materialicen de forma definitiva los traspasos entre los que figuran materias como Seguros, Servicios privados de seguridad, Meteorología, seguros agrarios, transporte por carretera, fondo de protección a la cinematografía, Mercado de productos de pesca y cultivos marinos, Paradores de turismo, Asignación del ISBN y del ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones) y Ordenación y gestión del litoral.

Diseño de la política penitenciaria

El traspaso de la gestión de las cárceles no supone el diseño de la política penitenciaria, que seguirá en manos del Gobierno, sino la administración de los tres centros penitenciarios del País Vasco, la transferencia más importante del cronograma acordado entre los dos Gobiernos y que ha sufrido retrasos, respecto al calendario inicialmente previsto. Sin embargo, contará con un amplio margen en todas las decisiones sobre el cumplimiento de las penas por parte de los aproximadamente 1.300 reclusos internados

El calendario pactado entre Urkullu y Sánchez, actualizado el pasado otoño, fijaba que en el mes de marzo se debía materializar el traspaso de 12 competencias recogidas en el Estatuto de Guernika (1979). A partir de ahí, el próximo otoño se debería completar el traspaso de otras 17 competencias y, finalmente, durante el primer semestre de 2022 se debería hincar el diente al traspaso de la Seguridad Social.

El lehendakari ha presionado en los últimos días para lograr cerrar esta misma semana una fecha para reunir a la Comisión Mixta de Transferencias y que se materializaran las transferencias antes de que la campaña en la Comunidad de Madrid enrareciera el ambiente y lo retrasara de nuevo. De hecho, este temor se había verbalizado públicamente, dando por hecho que se dejaría cualquier avance en suspenso. Urkullu reclamaba que se terminara de concretar en abril el acuerdo. Y la presión ha surtido efecto y el Ejecutivo vasco ha logrado arrancar una fecha al Gobierno central para materializar sus compromisos de transferencias de las prisiones. “El traspaso acercará la organización y el funcionamiento de los centros penitenciarios, al tiempo que dará la posibilidad de abordar cuestiones como la formación ocupacional o la resocialización”, ha expuesto la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.