La peluquería estaba situada en un centro comercial de Arguineguin, (Barbershop Akram, por el nombre del hijo del matrimonio que lo regentaba) en Gran Canaria, cerca del puerto, a donde llegan tantos inmigrantes ilegales rescatados de cayucos y pateras; o a bordo de estas embarcaciones.

Al frente, estaban un marroquí originario del Rif, T.B.; y su mujer, K. B., y detrás del negocio (el sujeto no se dedicaba precisamente a cortar el pelo, como sumo a afeitar para dar un aspecto más saludable a los inmigrantes) se escondía el centro de una trama que ha enviado a la Península a miles de personas llegadas a las islas procedentes de Marruecos y otros países africanos.

En el local eran recibidos los demandantes de vuelos para salir del Archipiélago con destino a Europa. Si tenían pasaporte, el precio era de 1.500 euros; y, en caso contrario, de 2.000. En este caso, era la propia organización la que facilitaba los documentos que antes habían sido usados por otras personas, según fuentes de la investigación, consultadas por LA RAZÓN.

La trama del peluquero estaba perfectamente organizada: disponía de “captadores”, que se movían por los hoteles donde había inmigrantes y las ONGs, para ofrecer sus servicios.

Una vez captados los clientes, debían dirigirse a la peluquería para depositar el dinero y, si no lo tenían, se les indicaba un locutorio desde el que lo pedían a sus familiares en Marruecos. Antes, les habían dado un pasaporte como documento acreditativo para que pudieran recibir la cantidad enviada.

Desde la peluquería, se ponían en contacto con una agencia de viajes próxima donde se compraban los billetes. En el “paquete” que adquirían los inmigrantes, se incluía una falsa reserva de un hotel de la ciudad a la que se dirigían.

El matrimonio, el responsable del locutorio y el director de la agencia de viajes, figuran entre los detenidos.

Horas antes de emprender el vuelo, o acceder al barco, los inmigrantes eran concentrados en la peluquería. Un vehículo tipo Pick Up pasaba a recogerlos y los llevaba al puerto o aeropuerto.

En el viaje, los acompañaba el “pasador” que, durante el trayecto, les recogía los pasaportes y emprendía vuelo de regreso a canarias para que los documentos pudieran ser utilizados de nuevo.

En uno de estos viajes, los agentes de la Policía Nacional que han desarrollado el operativo, pertenecientes a la Comisaría General de Extranjería, logró detectar a uno de estos grupos, el “pasador” y seis inmigrantes, en el aeropuerto de Barajas.

A los agentes les sorprendió el aspecto de los llegados, personas fornidas, desafiantes, como si no tuvieran miedo de lo que hacían y que demostraban una gran auto disciplina, como si hubieran recibido algún tipo de entrenamiento. El “pasador” se apresuró a esconder los pasaportes en un baño, pero fue sorprendido. Iba a emprender viaje de regreso a Tenerife.

En los registros de la peluquería y otros locales, se han encontrado unos mil pasaportes y, lo que es más importante, un libro de registro con los nombres y los vuelos que se adquirían para cada uno. Sólo a una agencia se habían encargado más de 300 billetes.

El peluquero trataba muy bien a la gente de su trama y les pagaba generosamente en función del trabajo realizado. En su caja fuerte, en un local de la localidad de Puerto Rico, se encontraron unos 300.000 euros en efectivo.

4.000 pasaportes y 45 detenciones

La trama, cuando empezaron las dificultades para embarcar en los puertos y aeropuertos de Gran canaria y Tenerife, desviaba a los inmigrantes a otras islas, en las que siempre mantenía un contingente. Si cuatro lograban viajar, mandaban a otros cuatro, para que estuvieran a la espera.

Todos los componentes de la red procedían de la región marroquí del Rif y, con el paso, del tiempo, algunos se desgajaron de la trama central y montaron sus propios negocios.

Los especialistas de la Policía tratan ahora de establecer el número de personas que ha movido la red del peluquero y sus aledañas ya que, según las primeras estimaciones, disponían de hasta 4.000 pasaportes.

La operación ha sido tan amplia que ha habido 45 detenciones en diferentes partes de España, por falsedad documental y delito contra los derechos de ciudadanos extranjeros, habiendo ya ingresado en prisión 17 de esas personas. Se estima que el beneficio obtenido por estas organizaciones habría sido de más de medio millón de euros, cantidad que puede ser muy superior.