El juez reabre la investigación sobre los sobresueldos en Podemos

El juez Juan José Escalonilla ha reabierto la investigación por administración desleal respecto al tesorero y la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Rocío Val, respectivamente, por el supuesto cobro irregular de dos complementos salariales.

En una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid acoge así los argumentos de Vox -la ex senadora de Podemos Celia Cánovas también pidió la revocación del auto, pero el juez le negó legitimidad para recurrir-, que esgrimió que Rocío Val no tenía capacidad para establecer esos complementos salariales, pues esa competencia corresponde al Consejo Ciudadano Estatal.

El partido de Abascal considera insuficiente la documentación aportada al juzgado por Podemos respecto al aval que dio el Consejo Ciudadano Estatal a la ejecución del presupuesto de 2019, que incluía esas retribuciones que cobraron, entre otros, tanto la gerente como el tesorero.

“No tenía facultades”

En su auto del pasado 11 de marzo, Escalonilla -que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos- avaló que Val tenía la facultad de establecer complementos salariales. Pero ahora sostiene que de la documentación aportada por Podemos -un certificado firmado por Ione Belarra, secretaria de Coordinación Ejecutiva del partido y actual ministra de Derechos Sociales- “cabe llegar a conclusiones distintas”.

Y es que los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de 17 y 24 de abril de 2017 acreditan, dice el instructor, “que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial, y por ende cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala”.

Además, añade, Podemos no ha aportado los estatutos vigentes en el año 2019, pues únicamente remitió los aprobados en 2017 y “parece ser que posteriormente fueron aprobados otros Estatutos en el año 2018”, señala. Estos últimos, llama la atención el instructor, son los que precisamente estaban vigentes cuando Val aprobó los polémicos complementos salariales denunciados por los ex abogados de la formación morada José Manuel Calvente y Mónica Carmona.

Identificar a los beneficiarios

Para el magistrado “resulta insuficiente a los efectos de acreditar que el Consejo Ciudadano Estatal aprobó la implementación de dichos complementos salariales la mera presentación de un certificado por quien ostentaba la condición de Secretaria del Consejo de Coordinación”. Por ello, insta al partido de Pablo Iglesias a acreditar ese extremo con la presentación del informe sobre ejecución de presupuesto de 2019, “con especial indicación de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales tanto de la gerente como del tesorero como del resto de miembros de dicho partido político a los que dicha Gerente implementó complementos salariales”.

Además, Escalonilla reclama ahora a Podemos sus estatutos de 2019, elevados a escritura pública el 12 de febero de 2018, y también los “datos personales de los trabajadores” a quienes Rocío Val asignó esos complementos salariales, “correspondiéndose con las siete nóminas aportadas” ya por la formación.

Por último, llama a declarar como testigo al ex gerente de la formación morada Pablo Manuel Fernández Alarcón el próximo 21 de mayo.