Los Franco piden retirar sus bienes de Meirás en el plazo de un mes

La familia Franco ha pedido retirar “todas las cosas, bienes u objetos” del Pazo de Meirás después de que la semana pasada la Audiencia Provincial de La Coruña revocase el depósito cautelar de los bienes muebles en el interior de la propiedad.

La petición se ha cursado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña para que de “forma inmediata” se les conceda un plazo “razonable”, que estiman de “un mes”.

Quedan fuera, según el escrito de cuatro páginas al que ha tenido acceso LA RAZÓN, aquellas cosas “que, eventualmente, se encuentren” en el inmueble “por haber sido colocadas por la propia parte actora”, en referencia al Estado después de que tomase posesión del pazo de forma provisional el 10 de diciembre en virtud de la sentencia dictada por el mismo juzgado el pasado mes de septiembre.

Luis Felipe Utrera-Molina, abogado y portavoz de los Martínez-Bordiú Franco, explica que su petición abarca todos los bienes, incluidos los que estén declarados Bien de Interés Cultural (BIC), como es el caso de las estatutas del Maestro Mateo, a las que se suman los ejemplares de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que cuenta con la protección de un bien de este tipo tras iniciarse el año pasado el correspondiente expediente.

“Lo que está declarado BIC también es propiedad de mis clientes, la única matización respecto al traslado de bienes que son BIC es que está sometido a la protección de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia”, ha recordado en declaraciones a Ep el abogado, que ha avanzado que solicitarán el “oportuno permiso” a la Administración gallega.

En el escrito piden también que se ordene al Estado que permita el acceso al inmueble de los profesionales que designe la familia Franco a fin de proceder a la retirada de los bienes “que hay en su interior”.

Además, plantean la “eliminación o supresión” de las actuaciones del inventario de bienes que se realizó, fechado en noviembre del año pasado, y que se llevó a cabo, exponen, al amparo de unas medidas revocadas.

Requieren también que se ordene tanto al Estado, como parte demandante como a las instituciones que se adhirieron a la demanda –Xunta de Galicia, ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa– “a que se abstengan con carácter indefinido de todo uso, utilización, invocación, divulgación y/o revelación a persona alguna, pública o privada, de tales documentos” y “de todos y cada uno de los datos e informaciones que ponen de manifiesto en relación con los bienes existentes en el inmueble revindicado”.

Así mismo reclaman “ordenar a las personas físicas” que se “encargaron” o “participaron” en su “confección” y las “dependencias, organismos o entidades públicas” a las que “pertenecen”, que se abstengan de “lo mismo”.

Por otra parte, los Franco recuerdan a través de su representación legal que se reservan “los derechos correspondientes” en relación a la indemnización que pueden solicitar, como la Audiencia Provincial de La Coruña les ha reconocido, aunque “aún no” han fijado cantidad alguna.

En concreto, la pasada semana, la Sección Tercera del tribunal revocó el depósito de los bienes a favor del Estado del Pazo de Meirás, es decir, determinó que la demanda de la parcela catastral hecha por la Administración General del Estado no incluye “mesas, vajillas, alfombras o cuadros” en una resolución contra la que no cabe recurso.

Lo hizo tras estimar el recurso presentado por la familia Franco, que ahora deberá ser “indemnizada” por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación. De esta forma, la Audiencia Provincial dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña.