Memoria Histórica

La Xunta dice que los BIC de Meirás son “de Galicia” y pretende “que se queden”

“La ley de patrimonio cultural no prohíbe el traslado”, asegura la defensa de los Franco

El Pazo de Meirás, el día que se hizo un inventario de los enseres en la propiedad por orden judicial
El Pazo de Meirás, el día que se hizo un inventario de los enseres en la propiedad por orden judicialCabalarEFE

La Xunta de Galicia quiere que los “bienes patrimoniales” de Galicia que guarda el Pazo de Meirás no salgan de la autonomía. Tras el escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña por parte de la familia Franco para la retirada de “todos los bienes” del inmueble –incluidos, según su letrado, Luis Felipe Utrera-Molina, los calificados como Bien de Interés Cultural (BIC)–, el Gobierno gallego se ha mostrado “firme” para que se impida su mudanza.

Sin embargo, “la ley de patrimonio cultural de Galicia no prohíbe el traslado fuera de Galicia de los muebles BIC”, apunta el abogado de los herederos, “por lo que la Xunta no puede denegar la autorización de traslado de forma arbitraria y menos cuando implica una limitación de un derecho fundamental como la propiedad privada”.

El Gobierno gallego ha ido más allá, e incluso se ha planteado iniciar otro pleito junto con el Gobierno central para reclamar la titularidad de los enseres de la propiedad, que no se incluyeron en la demanda sobre la finca catastral.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha manifestado que la Administración gallega ejercerá su marco competencial con el objetivo de que las estatutas del Maestro Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán --sobre la que se ha iniciado el expediente de protección--, no queden en manos de los Franco.

A preguntas de los periodistas, el conselleiro ha incidido en que estamos “ante una cuestión jurídica que se debate con argumentos jurídicos”, informa Ep.

En este sentido, ha reiterado que se trabajará “conjuntamente” con el Gobierno, a través de sus respectivos servicios jurídicos, y ha insistido en que la Xunta ejercerá “sus competencias en las materias que tiene, la movilidad de los bienes BIC”, ha apostillado en relación a las estatuas que un día estuvieron en el Pórtico de la Gloria y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

“Cuando conozcamos con detalle la petición la evaluaremos”, ha expuesto el conselleiro, quien ha reconocido que tuvieron constancia del escrito de los Franco a través de los medios de comunicación y que, ya con constancia formal, buscarán “argumentos jurídicos para defender el patrimonio cultural gallego y de los españoles”.

No obstante, se ha reafirmado en la intención de la Xunta de que “estos bienes patrimoniales de Galicia se queden en Galicia”. “Como parte del patrimonio de los gallegos”, ha insistido aludiendo, además, a la “voluntad firme” del Ejecutivo autonómico a este respecto.

Por otra parte, ha precisado que la familia Franco tendrá que realizar antes “una petición específica y concreta a la Xunta para mover los bienes BIC”. “En función de cómo esté planteada esa movilidad, la Xunta responderá partiendo de los principios que acabo de decir”, ha añadido.

Preguntado si la Administración gallega tiene potestad para exigir que los BIC se queden en Galicia, ha explicado que la tiene “para informar y posibilitar o no la movilidad de esos bienes”. “La intención es que esos bienes se queden en Galicia”, ha precisado.

La resolución de la Audiencia de la Coruña corrigió el auto de la jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, que ordenaba el depósito de los bienes en favor del Estado. El tribunal consideró improcedentes las medidas cautelares en el momento que se ejecutaba provisionalmente la sentencia que dio la propiedad del Pazo al Estado. Una decisión esta última que ahora se encuentra pendiente del recurso que ha presentado la familia Franco en el Tribunal Supremo.

A la “memoria antifranquista”

La junta de portavoces de la Diputación de La Coruña remitirá un manifiesto que reclama que el Pazo de Meirás, utilizado por Francisco Franco y sus familiares como residencia de verano y que las autoridades judiciales han considerado que es de titularidad pública, sea convertido en un centro dedicado a la “memoria antifranquista”. El documento “Por un pazo de Meirás dedicado a la memoria” ha sido presentado para ser incorporado a los debates del uso de la propiedad, después de la decisión judicial que establece que es propiedad del Estado, según ha informado la Diputación en un comunicado este miércoles. El escrito, promovido por Montse Fajardo, María Xosé Bravo y Marta Dacosta y firmado por casi 1.600 personas y entidades, reclama que esa propiedad ubicada en el municipio coruñés de Sada, no sea utilizada de “manera interesada” para finalidades otras que constituir un espacio de reflexión sobre la historia.