El CGPJ rechaza la vía de acudir al TC por la reforma que limita sus competencias

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) no acudirá al Tribunal Constitucional (TC) por la reforma que le impide hacer nombramientos cuando está en funciones. El Pleno ha rechazado por 13 votos a favor, incluido el de su presidente, Carlos Lesmes, y ocho a favor -el de los vocales que han defendido la iniciativa- la posibilidad de plantear en el TC un conflicto de competencias frente al Congreso por esa reforma legal que la deja maniatado cuando -como sucede en la actualidad desde hace casi dos años y medio- se encuentra en funciones no pone de acuerdo a los integrantes del Pleno.

Los vocales se han reunido hoy con esa iniciativa sobre la mesa después de que ocho de sus integrantes -los “conservadores” Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona- instaran la celebración de un Pleno extraordinario para debatir ese paso al frente. Pero se han quedado solos y no han conseguido ni un solo apoyo más del resto de vocales.

Tampoco han conseguido que el Consejo diese su visto bueno a la posibilidad de recurrir a otra vía, la de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley -impulsada por el PSOE y Unidas Podemos ante el bloqueo para renovar la institución-, que en este caso debería articularse a través del Defensor del Pueblo. Como ha sucedido con la anterior propuesta, trece vocales se han opuesto a esta iniciativa.

El documento que han sometido al criterio de sus compañeros para convencerles de abrir ese frente competencial entre órganos constitucionales del Estado -como “mecanismo de defensa de la independencia judicial”, defendían- es de frontal oposición a la reforma que impide al CGPJ llevar a cabo nombramientos cuando su mandato ha expirado, que considera que supone “un fraude constitucional”.

Salvaguardar la división de poderes

En un comunicado, los ocho vocales que defendían la legitimación del CGPJ para plantear el conflicto de atribuciones insisten en que la finalidad era “salvaguardar el principio fundamental de la división de poderes, garantizando la intervención del Tribunal Constitucional para poner remedio a cualquier vulneración de ese principio, que es esencial en la democracia como vertebrador de un Estado de Derecho”.

Según defienden, el Pleno debió dirigirse a las Cortes Generales “solicitando que dejasen sin efecto la supresión de competencias constitucionales” del Consejo afectadas por la reforma “al producir un menoscabo en algunas de las principales competencias que la Constitución le encomienda en los artículos 122.2 y 159.1”.

En todo caso, llaman la atención sobre el hecho de que “ninguno de los asistentes al Pleno ha defendido la bondad constitucional de dicha ley”.

“Politización de la Justicia”

Los vocales que defienden esa propuesta mantienen que ese cambio legal supone además “una injerencia por parte del Parlamento en las competencias del Poder Judicial” que afecta a su independencia y contribuye -se quejan- a “la politización de la Justicia”.

“El retraso en la renovación -defendía la propuesta- nunca puede justificar un menoscabo de atribuciones no previstas por el constituyente”. Además, denuncian, “pone en peligro la separación de poderes, situando al Poder Judicial en un plano de inferioridad y de dependencia respecto al resto de poderes” del Estado.

Según su criterio, “como lo que se cuestiona es precisamente si la supresión de competencias cuando el Consejo está en funciones es conforme a la Constitución -y estamos convencidos de que no lo es- debe forzosamente entenderse que (el CGPJ) goza de legitimación para plantear este conflicto” de atribuciones ante el Constitucional.

“Enorme daño a la imagen de la Justicia”

La reforma, se llama la atención en la propuesta debatida por el Pleno, “ahonda en una concepción parlamentarista del CGPJ, viendo en él un reflejo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria en un ámbito que debe ser ajeno a ello”. Algo que, lamentan los vocales, “provoca un enorme daño a la imagen de la Justicia en España”.

Asimismo, el documento hace referencia al informe técnico encargado por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que alerta de la posibilidad de que la reforma aboque al organismo a la “atrofia” y “paralización” al coartar su “acción de gobierno” cuando se encuentre en funciones.

En este sentido, se quejan de que ese cambio legal -que según denuncian “se ha utilizado para presionar el acuerdo de la renovación del CGPJ”- generará “un grave daño al funcionamiento del sistema judicial en su conjunto, especialmente del Tribunal Supremo, donde no podrán cubrirse las plazas vacantes, atentando de este modo contra la independencia judicial en España”.