La Fundación Franco cuenta con Vox para evitar su ilegalización

El aval del Consejo Fiscal, con un ajustado apoyo, al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, supone un paso adelante para la norma impulsada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que pretende, entre otras cosas, ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).

Y es que, entre otros aspectos, la ley contempla la extinción de fundaciones que hagan “apología del franquismo”; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; o la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos, además de la resignificación del Valle de los Caídos, de donde tendrán que salir los monjes benedictinos.

Directamente afectada se ve la Fundación Nacional Francisco Franco, cuyo presidente, Juan Chicharro, piensa oponer toda la resistencia, aunque el retraso prolonga sus esperanzas. “Pese a que la señora Calvo dijo hace tiempo que ya en este mes de mayo la ley estaría en vigor, la realidad, no nos engañemos”, es que “el proceso sigue adelante”.

Dice Chicharro “no dudar” de la “intención de este Gobierno liberticida de callar toda voz, opinión y pensamiento que no sea el suyo, en sintonía con su ideología socialcomunista”, pero deplora que “si algún día llegará a promulgarse esta ley querrá decir que en España ha muerto definitivamente el Estado de Derecho, si es que aún existe”.

No obstante, asegura el presidente de la Fundación Franco, “como creo que la defensa de nuestra libertad será defendida por muchos más de los que la sectaria señora Calvo piensa, en la FNFF estamos muy tranquilos”.

Aventura el general de Infantería en la reserva un proceso “largo” y “complicado”, pero cuenta con “la garantía” de que ″Vox estará enfrente desde el momento en que [el texto] sea presentado” en el Congreso.

A continuación, la norma “tendrá que pasar el tamiz” del Tribunal Constitucional, que, en su opinión, “difícilmente podría dar luz verde a una ley absolutamente inconstitucional”, y posteriormente “deberán ser modificadas leyes como la de Fundaciones o de Derecho de Asociación y, por supuesto, “ejerceremos nuestra defensa en los tribunales”.

Para el responsable del legado franquista, “hay que parar con la ley el rodillo comunista liberticida”.

“Fomentar un discurso común”

Los precedentes de la Ley de Memoria Democrática se encuentran en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre -conocida como “Ley de Memoria Histórica”- y en la prolija legislación autonómica.

Pretende, según su Exposición de Motivos, “fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana”, y proporcionar una reparación integral de las víctimas mediante el desarrollo de “las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado”.