Los jueces reprochan al Gobierno que les cargue con la gestión de la pandemia

La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de que sean las comunidades autónomas las que apliquen a partir de ahora las restricciones y que el Tribunal Supremo unifique la doctrina sobre la limitación de derechos fundamentales una vez extinguido el estado de alarma preocupa a los jueces. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera, por ejemplo, que con el «recurso de casación exprés» ante el Supremo contra las decisiones de los tribunales superiores de justicia, el Gobierno elude sus responsabilidades y descarga en los jueces «la gestión de un problema nacional grave», contribuyendo a judicializar la vida política.

Para esta asociación, el decreto-ley que avala la iniciativa supone “la confirmación de la dejación de funciones del legislativo”, de la “omnipotencia” del Gobierno y de “la elusión de responsabilidades de este último a la hora de tomar iniciativas legislativas eficaces”. “Nuevamente se descarga en los jueces -lamenta- la gestión de un problema de índole nacional grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional”.

“Desde hace unos años, la incapacidad de los miembros del legislativo para alcanzar acuerdos con grupos parlamentarios distintos a los que forman gobierno -señala en un comunicado remitido a sus asociados- ha llevado a que, ante la ausencia de mayorías absolutas parlamentarias, las Cortes Generales apenas dicten leyes orgánicas, pero tampoco leyes ordinarias”.

En definitiva, la asociación Francisco de Vitoria entiende que “la pasividad del legislativo, la falta de impulso del ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Un estado de alarma sin control parlamentario

“No se controla la acción del Gobierno”, asegura en referencia a que “tenemos un estado de alarma de seis meses de duración sin ningún tipo de control parlamentario”.

Y es que en su opinión, el Tribunal Constitucional “está desaparecido de manera consciente, evitando resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afectan a derechos fundamentales, hasta el punto de que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, la declaración de inconstitucionalidad -si se produce- será ineficaz, al haber desplegado la ley anulada todos sus efectos”.

Por su parte, la Fiscalía aspira a que no se llegue a esta situación en que se tenga que pronunciar en diversas ocasiones sobre restricciones iguales en cada región, porque confía en que el Supremo despeje el panorama jurídico mucho antes. Es más, el Ministerio Público espera que el Alto Tribunal se pronuncie cuanto antes ya que eso facilitará las cosas a todos los actores implicados en la tramitación de los decretos autonómicos.

El Gobierno vasco mueve ficha

No obstante, la reforma aprobada por el Gobierno no ha sentado bien en el Supremo. El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, ha alertado a Efe del «déficit importante» que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas «no es el mejor sistema».

Por su parte, el Gobierno vasco ha solicitado el plácet del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la normativa autonómica en la que plantea la adopción de confinamientos y el mantenimiento del toque de queda y limitar las reuniones a cuatro personas, al margen de convivientes, cuando la tasa de incidencia acumulada de la covid-19 sea superior a los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

La Fiscalía del País Vasco ya se ha opuesto a que el Gobierno autonómico pueda mantener, a través de un decreto, medidas hasta ahora amparadas por el estado de alarma como el confinamiento perimetral autonómico o de un determinado municipio, o el toque de queda más allá del domingo. El Ministerio Público insiste en que estas restricciones solo pueden decretarse «en estados excepcionales» y no en aplicación de una ley de sanidad de carácter general, informa Ep.