Un informe del Gabinete Técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo advierte de que será muy difícil que los magistrados del Alto Tribunal cumplan el plazo “de tan sólo cinco días” previsto por el Gobierno para que se autoricen o rechacen las medidas restrictivas de los derechos fundamentales establecidas por las Comunidades Autónomas tras expirar el estado de alarma.

“Si, como es de temer, se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo, habida cuenta que al Tribunal Supremo accederán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera tribunales inferiores de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo”, especifica el documento.

El Gabinete Técnico también destaca que el real decreto-ley aprobado por el Gobierno “va a tener un impacto muy significativo” sobre la Sala Tercera del Alto Tribunal, que es la que se encargará de los recursos que presenten las diferentes administraciones autonómicas para luchar contra la covid.

Sin cumplir plazos

Y por eso, prosigue el informe, la Sección encargada de tramitar y resolver estos recursos necesitará “con alta probabilidad, de la asistencia del Gabinete Técnico, para poder cumplir los plazos procesales así fijados”.

Además, el dosier interno del Supremo considera “urgente insistir en la dotación de medios personales y materiales para el personal del Gabinete, ya saturado de trabajo con la dedicación que se pide al recurso de casación común y general”.

Y para solventar este problema, el informe apunta la posibilidad de que se refuerce la Sala de lo Contencioso-Administrativo, creando una “nueva Sección específicamente dedicada al estudio de estos recursos”.

“Confusa y ambigua”

En el análisis, el Gabinete Técnico de la Sala Tercera también incluye criticas directas a la redacción del real decreto-ley, que incluso llega a calificar de “confusa, ambigua y equívoca”.

Uno de los apartados del decreto introduce, tal y como lo califica este departamento del Tribunal Supremo, “una llamativa novedad procesal”, que consiste en atribuir al abogado del Estado la legitimación para formalizar la casación, es decir, para recurrir ante el Tribunal Supremo.

Y aquí, indica el documento, es cuando “surge la duda sobre si esta entrada en el procedimiento de la Abogacía lo es –como parece- sólo para la fase de casación, o si debe entenderse que en esos supuestos habría que darle, asimismo, previamente, la condición de parte”. Además, considera “llamativo que se permita recurrir en casación al abogado del Estado en relación con un procedimiento en el que se había excluido su intervención”.

Derechos fundamentales

El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo recuerda, sin embargo, que en esta primera nota de urgencia no se ha examinado “el problema de la posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada (decreto-ley) para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales”.

Tampoco analiza, prosigue el dosier, “el problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los Tribunales de Justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas”.

En el mismo sentido, los magistrados del Tribunal Supremo consultados por LA RAZÓN han planteado diferentes dudas acerca de la constitucionalidad de la norma, pero también de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobarla utilizando un real decreto-ley, previsto solo para casos de urgencia.

Los jueces no gobiernan

Tras conocerse este documento interno, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, emitió un comunicado a la prensa en la que especificó que se trata de “un informe interno, provisional y no vinculante y que no anticipa la postura del Tribunal”.

Es, por tanto, “un punto de partida para el estudio por parte de los magistrados del nuevo recurso de casación y de los problemas que su aplicación pudiera plantear”. Por eso, los magistrados podrán incorporar “las modificaciones que estimen pertinentes”, al mismo tiempo que el informe “no vincula en modo alguno a los miembros de la Sección Cuarta, que serán los encargados de los recursos”.

Finalmente, el informe pone de manifiesto que, pese a que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dio por hecho que el Tribunal Supremo fijará doctrina al contestar a los Gobiernos autonómicos, esto podría no suceder: “Ha de tenerse en cuenta que eso puede no ocurrir, pues, al contrario, bien puede suceder que la Sala llegue a la conclusión de que el recurso de casación está incurso en causa de inadmisión”, concluye.