Cataluña

El juez archiva la investigación contra Marta Ferrusola por su demencia

Pedraz excluye a la matriarca de la familia Pujol, con el respaldo de la Fiscalía, de la causa que les sentará en el banquillo por organización criminal, blanqueo y delito fiscal

Marta Ferrusola, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament sobre la fortuna familiar oculta en Andorra
Marta Ferrusola, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament sobre la fortuna familiar oculta en AndorraANDREU DALMAUEFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo de las actuaciones, por motivos de salud, respecto de Marta Ferrusola en la causa en la que van a ser juzgados su marido, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, y sus siete hijos por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude tributario y falsedad documental.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 accede así la petición de la defensa de la matriarca del clan Pujol, en la que pedía el archivo de la causa y adjuntaba documentación médica que acreditaba su estado de salud.

La Fiscalía solicitó la realización de un examen médico forense y, una vez practicado, informó de que no se oponía al archivo sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación.

“Deterioro cognitivo”

La decisión se produce después de que una forense examinase el estado de salud de Marta Ferrusola por orden de la Audiencia Nacional, acreditando que la esposa del ex presidente de la Generalitat padece un “deterioro cognitivo tipo Alzheimer moderadamente grave de cinco años de evolución”.

La defensa de Ferrusola, de 85 años, aportó a Pedraz tres informes médicos que acreditan esa “demencia sobrevenida” por la que sus abogados consideraban que no se encuentra “en condiciones de poder prestar declaración ante un tribunal”.

El informe forense concluye que además de limitaciones físicas que se traducen en una “dificultad psicomotriz”, Ferrusola presenta una “escasa capacidad para analizar, evaluar, comprender y actuar de forma adecuada a las circunstancias que le rodean”.

La defensa de la esposa del ex president puso a disposición de la Audiencia en un primer momento dos informes médicos. En el primero, de 27 de noviembre del pasado año, la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital Sant Pau de Barcelona acreditó que Ferrusola carecía de la capacidad de juicio suficiente a consecuencia de la enfermedad de Alzheimer y a las lesiones cerebrales causadas por la caída sufrida en agosto del pasado año.

Memoria “muy afectada”

En un segundo dictamen médico, el doctor Jaume Padrós certificó en enero que la matriarca del clan Pujol sufre un “trastorno cognitivo grave multifactorial” que acarrea que “la memoria a corto y largo plazo se encuentren muy afectadas”, por lo que “no es capaz de realizar análisis complejos ni interpretar la situación presente ni las limitaciones funcionales y cognitivas que presenta”.

Su defensa argumentó que en esas condiciones “no se encuentra en condiciones de poder prestar declaración ante un tribunal por incapacidad de comprensión”, por lo que debería archivarse la causa contra ella.

Por último, el pasado 9 de marzo los abogados de Ferrusola hicieron llegar al instructor un tercer informe actualizado, realizado por el Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau de Barcelona, que evalúa la evolución de la enfermedad desde agosto de 2018, cuando comenzaron sus problemas cognitivos. Ese dictamen reitera que a consecuencia del deterioro “lentamente progresivo” en la actualidad “debido a su demencia de base y a las lesiones cerebrales causadas por el politraumatismo, la paciente no tiene la capacidad de juicio ni la toma de decisiones conservadas”.

En su auto de procesamiento, el juez José de la Mata afirma que la familia Pujol Ferrusola aprovechó “su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios”, entre 1992 y 2014, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.