Podemos desoyó un informe interno que estimó irregular la contratación de una escolta para Iglesias

En julio de 2016 Podemos todavía soñaba con el ‘sorpasso’ al PSOE, ya que apenas un mes antes, el 26 de junio, la formación entonces liderada por Pablo Iglesias y sus confluencias obtuvieron 71 escaños; por 85 de los socialistas. Y con esta expansión, la formación morada se vio obligada a elevar, de un día para otro, el número de trabajadores del partido, que decidió contratar a personal de seguridad propio para que ejercieran de escoltas de Pablo Iglesias y otros cargos.

Y uno de estos nuevos empleados de seguridad fue Elena González, quien había sido contratada el 25 de febrero de 2016, pero que formalmente trabajaba en el área de Logística del partido. Sin embargo, según consta en la demanda laboral que interpuso esta ex trabajadora de Podemos, las funciones reales que desempeñaban eran las “de escolta personal, tanto de la agenda oficial como de la personal, incluyendo viajes, pernoctas y cualquier tipo de desplazamiento de Pablo Iglesias, en exclusiva”.

Ante esta situación supuestamente irregular, el que entonces era responsable de seguridad de Podemos, Sergio Illanes, conocido en el partido con el alias de “Manzana”, empezó a cuestionar el uso de escoltas a nómina del partido, ya que eso, según su criterio, incumplía la Ley de Seguridad Ciudadana, que impide estas contrataciones directas, y por el contrario obliga a recurrir a las empresas especializadas. De hecho, siempre según las fuentes del partido consultadas versión, el jefe de seguridad elevó a la Ejecutiva un escrito en el que advertía de que Podemos no podía contratar directamente a escoltas.

Equipo Legal de Podemos

Para determinar si Podemos estaba conculcando la ley al contratar directamente a los escoltas, tal y como relataba el jefe de seguridad, la dirección del partido encargó el Equipo Legal de Podemos, encabezado entonces por la ahora vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, que estudiara esta cuestión. Y los abogados llegaron a la conclusión, después de analizar la normativa vigente, de que “ningún empleado de Podemos puede realizar directamente funciones de escolta privados para el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas”, según consta en el informe que se remitió al Consejo de Coordinación el 20 de julio de 2016, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En el mismo sentido de lo que decía el jefe de seguridad, completan las fuentes consultadas, el informe jurídico aconsejaba contratar los servicios de un escolta de una empresa de seguridad. Este documento del Equipo Legal también resaltaba que los servicios de seguridad “sólo podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Y como solución, prosigue el dosier, “sin perjuicio de que determinados cargos de Podemos vayan siempre acompañados por otras personas de forma estrictamente particular”, los abogados apuntaban dos opciones: “Solicitar formalmente al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente que se hagan cargo de las funciones de acompañamiento, defensa y protección de los cargos públicos de Podemos, bajo su completa responsabilidad”; o “la contratación del servicio de vigilancia y protección de personas a una empresa de seguridad privada con cargo al presupuesto de seguridad oficial”.

Área de Logística

Sin embargo, los dirigentes de Podemos decidieron que los “escoltas” se mantuvieran en las mismas condiciones laborales, es decir que siguieran contratados directamente por el partido, en el área de Logística. Y por eso la formación morada convirtió el 25 de agosto de 2016 el contrato de carácter temporal con el que desempeñaba sus labores de escolta Elena González, a indefinido, según consta en la demanda laboral por despido improcedente presentada por esta ex trabajadora en 2019. Las funciones que desempeñaba, según la ex escolta, eran las de conducir “un vehículo asignado, la coordinación previa de cada acto; las visitas, estudio y diseño de dispositivos en cada lugar y evento; es decir, todas aquellas propias a un escolta del equipo de seguridad y logística”.

El 26 de septiembre de 2017 Elena González fue asignada como escolta de Irene Montero, hasta que fue despedida el 28 de junio de 2019 “por una decisión arbitraria e injustificada” de la ahora ministra de Igualdad, especificó al juez de lo social esta trabajadora de Podemos: “Las ordenes, directrices y trato dispensado por ésta a la trabajadora excedían con mucho de las funciones normales asignadas a la trabajadora, tanto de las propias del departamento como las efectivamente realizadas con Pablo Iglesias”, indica la demanda.

“Dichas órdenes y directrices respondían más a una suerte de considerarla asistente personal, que en nada se correspondían con la relación laboral mantenida por las partes, con el respeto a los derechos básicos y condiciones laborales acordes a la normativa sustantiva y que llegaron a ser incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales que deben regir, también, en una relación laboral”, concluye el escrito de la ex escolta.

Chófer de la niñera

Tal y como informó LA RAZÓN, Elena González aseguró que Irene Montero le obligaba a “hacer de chófer de la empleada doméstica y de la niñera”, pero también de “familiares” e “invitados”, según consta en el escrito que dirigió al Juzgado de lo Social número 3 de Madrid tras ser despedida de la formación morada.

La negativa a acatar esas órdenes, que a juicio de la escolta “no respetaban los derechos y límites de una relación laboral”, fue “el verdadero motivo por el que se dio la orden de que fuera apartada de sus funciones, no sólo con Irene Montero, sino también con Pablo Iglesias”, concluye la demanda de Elena González.

Teresa Arévalo

El titular del Juzgado número 46 de Madrid, José María Escribano, ha citado a declarar como investigada a Teresa Arévalo, asesora de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, para esclarecer si ejerció de niñera al cuidado de los hijos de la ministra y de Pablo Iglesias a cargo de fondos públicos o del partido morado.

También ha llamado a declarar, en este caso como testigo, a Elena González. Y lo ha hecho después de que la ex responsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona denunciara en un escrito que fue destituida “tras enviar el 25 de noviembre de 2019 un correo a la gerente de Podemos, Rocío Val, y al responsable de Seguridad de Podemos Víctor Martins, solicitando información completa sobre la contratación de esta trabajadora”, en referencia a la ex excolta.