Una acusación del “caso BBVA” pide imputar a dos mandos de la UDEF por los encargos del banco a Villarejo

Una acusación del “caso BBVA” quiere que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cite a declarar como investigados a dos mandos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y a otros tres en calidad de testigos, para intentar esclarecer lo que considera una “muy probable connivencia” de ex responsables de esta unidad policial “con los principales directivos del BBVA y José Manuel Villarejo” con el objetivo de “encubrir como una investigación ajustada a la ley el seguimiento y acoso llevado a cabo durante tres años contra Ausbanc”.

En un escrito remitido al magistrado -que investiga los encargos de la entidad bancaria al comisario jubilado-, el abogado Ángel María Garay, que ejerce la acusación particular en esta pieza 9 del “caso Tándem”, atribuye la situación judicial de Pineda (quien ha sido juzgado por supuestas extorsiones a entidades bancarias y se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de 116 años de prisión) a “la participación de altos directivos del BBVA” -entre los que incluye a su ex presidente Francisco González- “en las gestiones llevadas a cabo para involucrar” a la Policía “en la investigación contra Ausbanc desplegada por Cenyt”, la empresa utilizada por el ex comisario para sus labores de espionaje parapolicial.

El letrado pide la imputación de ambos mandos policiales tras su declaración como testigos en el juicio del “caso Ausbanc” el pasado octubre. Por un lado, quiere que el juez cite a declarar como investigado a un inspector que fue jefe de grupo de la sección de Fraude Financiero de la UDEF, quien según afirma tomó la decisión de investigar al presidente de la asociación de consumidores “sin fundamento alguno” en base a la denuncia anónima que atribuye al BBVA.

Denuncia “anónima”

Asimismo, la acusación quiere que el juez García Castellón impute a otro inspector, ex jefe de la sección de Fraude Financiero de la UDEF y superior jerárquico del anterior, para que explique por qué la UDEF realizó diversas comprobaciones sobre esa denuncia anónima antes de que se registrase oficialmente su entrada en la UDEF el 2 de febrero de 2015. Fue este inspector, según Garay, quien “informó en sede judicial que el jefe de la UDEF en aquellos días, Manuel Vázquez, le entregó personalmente la denuncia anónima contra Ausbanc”, aunque no precisó en qué fecha.

Y es que según el letrado, el BBVA contrató a Villarejo para que investigara tanto a pineda como a la asociación de consumidores recurriendo “de manera ilegal” a información reservada y a la presunta difusión de noticias falsas para que se plasmara en 2015 en un informe de la UDEF y en un procedimiento judicial que llegó a su detención e ingreso en prisión acusado de extorsionar a entidades bancarias y empresas a cambio de no publicar informaciones contra ellas o de retirar acusaciones en procedimientos judiciales con la ayuda de Manos Limpias, entre ellas la del “caso Nóos” contra la Infanta Cristina a cambio de dos millones de euros.

En sustento de esa tesis, alude en su escrito a que el también investigado Eduardo Ortega, ex responsable de los servicios jurídicos de la entidad, “confesó ser el autor de la denuncia anónima” contra Ausbac presentada en la UDEF por Villarejo tras una comida celebrada el 7 de enero de 2015 en el complejo policial de Canillas (Madrid) entre la cúpula policial y altos cargos del BBVA.

“Misteriosa comida de trabajo”

El abogado sostiene que “el equipo investigador de la UDEF presuntamente podría haber recibido y utilizado como fuentes las notas informativas que el equipo de Cenyt había ido elaborando desde el otoño de 2012 hasta 2015, pagado por BBVA, para estudiar la manera más contundente de terminar con la actividad jurídica y mediática de Ausbanc que suponía un límite a sus prácticas comerciales con clausulas abusivas contra los clientes” (entre ellas sus demandas contra las cláusulas suelo). De ahí que pretenda esclarecer si existió una connivencia entre los responsables del BBVA y de Cenyt con manos de la UDEF para impulsar la investigación contra Ausbanc.

Esta acusación hace referencia al testimonio de uno de los inspectores cuya imputación reclama en relación a “la celebración de una misteriosa comida de trabajo que acaeció en una fecha que fue incapaz de precisar”, aunque se habría producido al comienzo de la investigación contra Ausbanc, que habría sido concertada por su inmediato superior, el comisario José Luis André Vega -cuya citación como testigo también pide al juez- con Julio Corrochano, ex jefe de Seguridad del BBVA e investigado en este procedimiento. Un encuentro que, según su abogado, supone “otro indicio a considerar para establecer la conexión entre la previa investigación desarrollada por el Grupo Cenyt desde 2012 y la materializada por la UDEF ulteriormente”.

El abogado considera “relevante” el testimonio del ex jefe de la UDEF Manuel “para tratar de conocer todas las circunstancias acaecidas en el proceso de transición entre la labor de investigación contra Ausbanc del Grupo Cenyt y el comienzo de la investigación por parte de la UDEF”.

“Zona de sombra de la investigación”

Del mismo modo, justifica la citación como testigo del comisario que en 2015 era jefe de la brigada de Delincuencia Económica porque se encontraba “en medio de la línea jerárquica” entre Vázquez y el inspector jefe de Fraude Financiero cuya citación como imputado reclama, por lo que entiende que “podría también aportar luz a esta zona de sombra de la investigación policial”. Al mismo tiempo, defiende que debe ser interrogado para que “aclare el objetivo y el contenido” de esa comida de trabajo entre el equipo investigador de la UDEF y Corrochano “que él organizó en una fecha indeterminada”.

Por último, pretende que García Castellón acepte la comparecencia, también como testigo, del ex secretario general de la Comisaría General de la Policía Judicial para que, como responsable del registro de los documentos entrantes y salientes, cuándo se registró la denuncia anónima contra Ausbanc.

Asimismo, esta acusación ve necesario que la unidad de Asuntos Internos de la Policía analice en un informe “el sistema de registro de documentos de entrada y salida en la Comisaría General de la Policía Judicial y la UDEF” y en particular el “flujo exacto de la entrada y tratamiento interno” de esa denuncia anónima de febrero de 2015 que puso en marcha la investigación contra Ausbanc.