La Justicia suspende todas las actuaciones en Meirás hasta que no se aclare qué bienes pueden retirar los Franco

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña ha suspendido las actuaciones relativas al Pazo de Meirás hasta resolver si el mobiliario forma parte del inmueble y de las fincas incluidas en el recinto que la familia Franco debe devolver al Estado, tal y como decretó el juzgado de primera instancia en una sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de La Coruña y contra la que cabe presentar recurso.

En esa resolución en la que se declaró que el pazo es propiedad del Estado “no se condena a los demandados a entregar los muebles existentes en las distintas dependencias al Estado”, por lo que, tal y como determinó la Audiencia Provincial, corresponde a las administraciones públicas “promover el correspondiente incidente de ejecución para discutir y resolver sobre cuál es la extensión de la sentencia que se ejecuta”.

Hay que recordar que en el juicio celebrado por la propiedad del Pazo de Meirás el pasado verano en ningún momento se puso en cuestión la titularidad de los bienes muebles, puesto que la reclamación era por la finca catastral donde se ubica la propiedad. De hecho, la familia Franco tenía todo preparado para iniciar la mudanza de sus propiedades.

Ahora, la Administración General del Estado ha presentado un incidente de ejecución en el que demanda la “necesaria conservación del inventario” aprobado en su día por el juzgado, así como una segunda cuestión incidental en la que solicita la “delimitación de los bienes integrantes y pertenencias” del pazo teniendo en cuenta el artículo 334 del Código Civil, en el que se definen los bienes inmuebles.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sada reclama que se incluya, a efectos de ejecución de sentencia, el mobiliario como parte del Pazo de Meirás.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña tramitará las tres cuestiones incidentales de forma conjunta y las resolverá al mismo tiempo. Contra la providencia dictada hoy cabe presentar recurso de reposición en el plazo de cinco días, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Además, la Xunta de Galicia invoca al Gobierno central respecto a la ampliación como Bien de Interés Cultural (BIC) del complejo y sus bienes muebles. Fuentes de la Consejería de Cultura han defendido que «Meirás es un bien estatal afecto a un servicio público gestionado por la Administración General del Estado», lo que provoca que “la administración competente para la ampliación del BIC sea el Gobierno central en base a la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985″, informa Ep.

Es por ello que desde el Gobierno autonómico reclaman que se “habilite a la Xunta a realizar dicha ampliación, que es competencia del Estado”, insisten desde Cultura sobre una declaración que «ampliaría a los bienes muebles que deben considerarse inseparables del inmueble» y que se mantendrían bajo titularidad pública.