La Audiencia propone juzgar por cohecho a Ignacio González por adjudicaciones del Canal

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar por cohecho al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de varios contratos por parte del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf del Canal en Madrid.

En la resolución en la que acuerda que las diligencias se transformen en procedimiento abreviado -un paso similar al auto de procesamiento en los sumarios-, el instructor propone sentar también en el banquillo al director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y a los socios de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT) Pablo Manuel González y Juan José Caballero, hermano y cuñado de Ignacio González, respectivamente, y José Antonio Clemente. Sin embargo, García Castellón no ve motivos para llevar a juicio a otros ocho investigados, respecto de los cuales ordena el archivo de las actuaciones.

En esta pieza separada del “caso Lezo”, la Audiencia ha investigado las supuestas irregularidades cometidas en el concurso para la ejecución de las obras de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento de la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II, situado en la madrileña calle de Islas Filipinas, que fue adjudicado en marzo de 2003 a ACS Proyectos, Obras y Construcciones, que a partir de junio de 2004 pasó a denominarse Dragados.

Aproximadamente un año después de realizarse esta adjudicación -señala el juez en la resolución- desde la dirección del Canal, que ostentaban Ildefonso de Miguel (gerente del Canal entre 2003 y 2009) e Ignacio González (que presidió el ente público y fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012, “con el fin de beneficiar a familiares de este último se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación”.

Con ese objetivo, mantiene el instructor, acordaron con Dragados que el Canal le adjudicaría directamente esa modificación, imponiéndole la condición de que subcontratara determinadas obras a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, cuyos socios eran Clemente Marín y el hermano y cuñado de Ignacio González aunque ambos “ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con éste”.

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de ese modificado de obra tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006 -recuerda el juez- “merced a la intervención” de Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

Según lo acordado, el 15 de junio de ese año, antes incluso de que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT la realización de determinados trabajos, “a pesar de conocer que esta sociedad carecía de toda capacidad para ejecutarlos, ampliando hasta en cuatro ocasiones, entre el 10 de agosto de 2006 y el 14 de febrero de 2007, el objeto de dicha subcontratación”. El importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.

“La actuación conjunta de los cinco investigados -subraya García Castellón- permitió la subcontratación impuesta, innecesaria u irregular de TCT en dos concursos públicos” promovidos por el Canal “pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados, consiguiendo así entre los años 2006 a 2012 la obtención de un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados ambos concursos”.