Presos del «procés»

Polémica por los indultos a los independentistas: «El Rey no tiene nada que decir»

En el entorno de Moncloa avisan de que «a lo mejor algún día es la Corona la que necesita la medida de gracia», en referencia al emérito

Felipe VI, con uniforme del Ejército del Aire, presidió ayer los actos del Día de las Fuerzas Armadas en Madrid
Felipe VI, con uniforme del Ejército del Aire, presidió ayer los actos del Día de las Fuerzas Armadas en MadridJ.J. GuillénAgencia EFE

Los indultos a los líderes del «procés» llevarán la firma del Rey. Desde distintas instancias contrarias a la decisión que prepara el Gobierno se reivindica ahora más que nunca el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017, y se señala al Monarca como el «más acertado» en la gestión de la crisis catalana frente a todos los errores cometidos por la política, tanto en la etapa del Gobierno de Rajoy como ahora con el Ejecutivo de Sánchez.

Los indultos representan una difícil papeleta para Zarzuela en la medida en que la decisión política del Gobierno implica al Rey, aunque sea dentro de un trámite administrativo, y si esta decisión sale mal, también llevará su firma. En el Gobierno pueden sostener que «no tienen otra alternativa» para avanzar en la solución al problema de Cataluña, pero también son conscientes de que Pedro Sánchez arriesga mucho porque queda en manos de Oriol Junqueras y de ERC. No ya tanto en cuanto a la estabilidad parlamentaria, porque un Gobierno puede seguir gobernando sin legislar y sin mayoría en el Congreso, sino porque, si ERC se sale de nuevo del camino constitucional, la presión sobre Sánchez se redoblará como responsable de una «cesión» que no ha tenido correspondencia por la otra parte. Llegado ese escenario, al Gobierno siempre le queda aplicar un artículo 155 potente, pero esto sí que supondría una ruptura con los aliados de los que depende Sánchez para gobernar en el momento presente y seguir haciéndolo en el futuro.

El Rey fue un referente principal en la crisis del referéndum ilegal ante la indolencia del Gobierno de Rajoy y su fracaso como gestor del 1-O por delegar la responsabilidad a los tribunales y fallar en su compromiso de que no llegaría a celebrarse.

Pero desde Moncloa advierten que ahora «el Rey no tiene nada que decir ni lo hará». No importa que los soberanistas insistan en que «lo volverán a hacer» ni que la decisión se tome contra el criterio del Supremo, de la Fiscalía, de buena parte del PSOE y de su electorado, y pueda representar, además, una afrenta para la mayoría de los españoles, que quieren la convivencia con los catalanes, pero que, al mismo tiempo, también ven necesaria una rectificación de los líderes del golpe secesionista. Moncloa descarta cualquier tipo de pronunciamiento del Monarca, y hay alguna voz que advierte incluso de que el Rey tiene que estar al margen porque «algún día, a lo mejor, lo necesitan ellos». En una velada alusión a la investigación que afecta al Rey emérito Don Juan Carlos.

Moncloa justifica su decisión de tirar hacia adelante en la «razón de Estado». Y en esta misma «razón de Estado» justifican que el Rey vaya a mantenerse al margen, más allá de firmar los indultos en virtud de su función constitucional. La firma de Felipe VI es necesaria para completar el trámite antes de que sea publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde la oposición han empezado ya a azuzar el debate sobre este papel del Rey y hasta dejan caer la pregunta de qué hará Felipe VI cuando llegue el momento de sancionar la medida de gracia. En el pulso político, desde el PSOE responden que el PP no se hizo esta misma pregunta cuando colocó al Rey, entonces Don Juan Carlos, ante la firma de otros indultos polémicos. Y apostillan, asimismo, que igual que Felipe VI ha adoptado un perfil bajo en los «escándalos» que afectan a Don Juan Carlos, en esta cuestión, y por razón de Estado, «se mantendrá a distancia de los focos».

La situación incomoda en Zarzuela, pero también recuerdan que el Rey es plenamente consciente de su papel constitucional y «a él se atendrá en todo momento». La misma razón en la que justifican su discurso de octubre de 2017, previo a la declaración unilateral de independencia y en el que reivindicó la obligación de los poderes del Estado de restablecer la legalidad cuando se vulnere. «Firmar los decretos son actos debidos y el Rey siempre cumplirá con su obligación de atenerse a la Constitución porque esto es lo que, precisamente, la fortalece».

En aquel discurso el Rey defendió el diálogo, no la arbitrariedad, ni tampoco la impunidad ni la política de apaciguamiento basada en las concesiones. Para Moncloa los indultos no son concesiones, sino una «valiente decisión política» que tiene como objetivo debilitar al independentismo y fortalecer la convivencia. Pero también en parecidos términos defendieron su decisión de aceptar un «relator» en la mesa de partidos sobre Cataluña en febrero de 2019. Y la presión política, social y del PSOE obligó entonces a Sánchez a rectificar aquella decisión.

En una parte del PSOE sostienen que las decisiones de Sánchez con Cataluña tienen «todas» como origen el acuerdo de investidura de enero de 2020, donde se estableció la mesa de diálogo para resolver el «conflicto político» catalán.

Como contraataque, el presidente del Gobierno se ha echado a las espaldas el respaldo de otros barones socialistas, como el valenciano Ximo Puig o la balear Francina Armengol frente al PSOE más «pata negra» y que se ha manifestado ya muy crítico con los indultos. El «ruido» no ha hecho más que empezar.