Sánchez remodelará el Gobierno tras los indultos

El 31 de mayo de 2018, Pedro Sánchez llegó sin escaño al Congreso de los Diputados y subió a la tribuna para defender la moción de censura a Mariano Rajoy. Solo un día después, salía convertido en jefe del Ejecutivo.

La maniobra estuvo plagada de incertidumbres hasta casi el final, porque desde el mismo inicio el propio aspirante dejó en manos del todavía presidente su futuro: «Dimita y esta moción de censura habrá terminado aquí y ahora», le espetó. Se cumplen tres años de ese 1 de junio, en el que Sánchez conseguía la confianza de la Cámara para arrebatarle la Moncloa y la bancada azul al Partido Popular.

Después, vendrían dos elecciones generales en las que «legitimarse» también en las urnas, desafiando la sentencia que le dedicó Rajoy en su adiós: «No ganará nunca en las urnas». Sánchez pasó de la nada al todo.

De dejar la política a llegar a lo más alto. Apenas doce meses antes había recuperado las riendas de la dirección socialista, tras batirse en duelo interno con Susana Díaz, pero la estrategia de oposición no acababa de cristalizar.

El hasta entonces secretario general del PSOE supo aprovechar el «momentum». Y esa capacidad para leer la situación es la que en Moncloa le reconocen a Sánchez para encarar ahora los nuevos retos que presenta la legislatura, el más acuciante, el de los indultos. «El presidente está en plena forma», aseguran.

El hilo conductor de Pedro Sánchez al frente del Gobierno se fundamenta en su relación con los independentistas –de quienes siempre ha dependido la estabilidad de la legislatura– y de su desconexión con la oposición.

El presidente decidió disolver las Cortes en febrero de 2019, tras la negativa de ERC a aprobar los Presupuestos, sabiendo aprovechar la «foto de Colón» en la que PP, Ciudadanos y Vox se habían retratado solo cinco días antes de que anunciara su decisión de convocar elecciones. Hoy, los partidos de la derecha mantienen su posición monolítica y amenazan con reeditar movilizaciones conjuntas, mientras los soberanistas siguen siendo un pilar fundamental en la política del Ejecutivo.

La reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y la decisión de conceder los indultos a los líderes del «procés» dan buena muestra de ello.

En Moncloa asumen el coste político que tiene esta medida, pero se argumenta que se trata de una decisión «en conciencia» y que no se hace mirando un beneficio electoral –hoy por hoy, de hecho, dudan de que lo tenga–, sino en favor del «interés general».

«Ayudar a resolver los problemas no supone un coste. El coste es dejar la situación enquistada», dijo ayer el presidente del Gobierno. En todo caso, en el Ejecutivo ya acusan el desgaste. Apenas han consumido un año y medio de legislatura y su vocación de agotar el mandato hasta el 2023 obliga a reaccionar.

Tres años después de llegar a la Moncloa, Sánchez prepara una crisis de Gobierno «estructural», que activará presumiblemente una vez se supere el trámite de los indultos, en el que están trabajando varios niveles además del Ministerio de Justicia para armar una fundamentación que supere el recurso ante la Sala Tercera que ya anticipa Vox. «Tiene todo el sentido que así sea», señalan fuentes gubernamentales.

Con una primera etapa marcada irremediablemente por la pandemia y sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias, en el Gobierno son conscientes de que tienen que tomar la iniciativa y dar un impulso político al Ejecutivo. La remodelación será de «calado» por primera vez. Hasta ahora, Sánchez se ha limitado a realizar pequeños recambios en las carteras, marcados por cuestiones electorales –las salidas de Salvador Illa y Pablo Iglesias, a las candidaturas de Cataluña y Madrid– que obligaron a realizar movimientos «quirúrgicos».

Las fuentes consultadas aseguran que ahora el cambio será de mayor trascendencia, porque en él traslucirá el sentido que el presidente quiere imprimir a lo que resta de legislatura.

Una recta final que estará marcada por la recuperación económica –no se esperan cambios en las carteras de Hacienda y Economía–, esto es, la gestión de los fondos europeos, para los que desde Moncloa ya se presiona a Bruselas para su aprobación definitiva, y la gestión de la campaña de inmunización, cuando se llegue al 70% de la población vacunada. «La legislatura empieza ahora», señalan insistentemente en Moncloa, recordando que tienen un centenar de reformas pendientes por activar. «La pandemia no nos ha permitido desplegar nuestra agenda, el momento es ahora», repiten.

Al despliegue de la agenda legislativa y progresista se sumará un discurso orientado a digerir la medida de gracia a los líderes del «procés» de cara a que no tenga impacto en 2023. En el Ejecutivo creen que en tiempos de política «líquida» se sucederán muchos otros acontecimientos hasta la llegada a las urnas que diluirán el impacto de la medida de gracia.

A la remodelación en el Gobierno se suma el proceso de renovación interno que Sánchez tiene también previsto impulsar para el Partido Socialista de cara al Congreso Federal que tendrá lugar en octubre y donde se resolverán algunas de las cuitas internas que llevan tiempo abiertas entre Moncloa y la Ejecutiva de Ferraz.

La otra pata de la coalición

En el Ejecutivo aseguran que la coalición se ha visto «fortalecida» tras el duro envite del coronavirus y no ocultan que la salida de Pablo Iglesias del Gabinete ha permitido mejorar notablemente el clima interno. En Moncloa reconocen el papel capital que tuvo el líder de Podemos tanto en el éxito de la moción de censura como en el tejido de la mayoría de la investidura y los Presupuestos, pero su excesivo perfil de activista político llegó a llevar al Gobierno a una situación insostenible. Ahora, aseguran, los «trapos sucios se lavan en casa» y los debates de la Ley Trans o de la crisis migratoria de Ceuta, en la que se ha incluido a Ione Belarra en la comisión de seguimiento dan buena muestra de ello. «En otra circunstancia, el Gobierno hubiera sido un polvorín», reconocen aliviados.

Si la remodelación que Sánchez quiere imprimir, sobre todo si esta lleva aparejada una reducción de las carteras del Gabinete –actualmente 22– deberá ser pactada, en todo caso, con Podemos. Bien manteniendo las cuotas de representación actual de los morados que se habían pactado en un inicio o «renegociándolas de nuevo», aseguran las fuentes consultadas.